- 43 de 100: Latinoamérica estancada en la corrupción - 13 de febrero de 2022
Transparencia Internacional presentó el 25 de enero los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción de 2021. Este índice que realiza la organización, desde hace más de 25 años, clasifica a 180 países dentro de una escala que va del 0, como presencia total de corrupción, a 100, presencia total de integridad. Las calificaciones se obtienen combinando datos de al menos 13 fuentes de 12 instituciones independientes, que cumplen con ciertos criterios mínimos de fiabilidad y validez.
Los resultados, una vez más, resultan preocupantes. El mundo repite una puntuación promedio de 43/100, y las dos terceras partes de los países tienen puntuaciones por debajo de 50. De los 180 países evaluados, apenas 25 reportan mejoras; los restantes permanecen igual o registran retrocesos. Los países con mayor integridad y transparencia siguen siendo, básicamente, los mismos: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega. Ningún país latinoamericano se encuentra en el grupo puntero.
Dejando de lado la situación global y nos enfocamos en nuestra región.
¿Qué pasa en Latinoamérica?
No se registra progreso, pues seguimos estancados con una puntuación promedio de 43/100 por tercer año consecutivo. Transparencia Internacional señala que incluso aquellos países que eran un modelo para seguir empiezan a enfrentar problemas. Pese a ello, se repite la triada de mejor puntuados, Uruguay – Chile – Costa Rica, con 73, 67 y 58 puntos respectivamente, así como la de peor puntuados, Haití – Nicaragua y Venezuela, con 20, 20 y 14 puntos. Ecuador, Colombia y Perú, siguen sin superar los 30’s, y de ocupar posiciones similares a las que han tenido los últimos diez años.
La presentación de este Índice y sus números, año tras año, genera crítica de las autoridades y los políticos que, con cierto sentimiento de culpa, intentan minimizar los resultados. Pocas veces, la reacción es madura y sensata, tomando esto como una oportunidad para corregir y mejorar en beneficio de los ciudadanos. La poca capacidad de autocrítica en un tema tan sensible como el de la lucha contra la corrupción es quizá lo que tiene estancada a Latinoamérica y ha normalizado este mal.
¿Qué hacer entonces frente a esta situación? El mismo reporte nos lo dice.
Primero: Garantizar los derechos para que la ciudadanía pueda obtener rendición de cuentas del poder. Entornos con restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al acceso a la información, o en que se persigue y estigmatiza a activistas y defensores, son más abiertos a la corrupción. Si los ciudadanos pueden investigar con normalidad, hacer control social y denunciar sin temor a represalias, hay más garantía de integridad.
Segundo: Restaurar y fortalecer los controles institucionales al poder. La cooptación de instituciones y la concentración de poder, práctica que ahora es más frecuente en nuestra región, afecta la transparencia. Si el poder no puede ser controlado, sin duda alguna estamos frente a un poder corrupto.
Tercero: Combatir eficazmente la corrupción transnacional. Debemos comprender de una buena vez que este fenómeno, si bien ocurre dentro de nuestro territorio, obedece comportamientos colectivos y responde a redes internacionales. Articular esfuerzos, más allá de las fronteras, es fundamental para luchar efectivamente contra la corrupción.
Y finalmente, defender el derecho a ser informados sobre el gasto público. El dinero que tiene un Estado y que maneja un gobierno, no crece en los árboles sino que pertenece a los ciudadanos. Si no tenemos la capacidad de conocer en qué se gasta nuestro dinero, o si no nos interesamos en conocerlo, estamos condenados a vivir en una sociedad corrupta.
Para luchar contra la corrupción, no se necesita años de estudio ni tener poderes sobrenaturales. Basta con activar el sentido común. ¿Estamos frente a un problema de percepción o frente a una lamentable realidad? Basta hacer memoria de hechos recientes para darnos cuenta de que la corrupción está más viva y presente que nunca. Poco podemos esperar de gobiernos y autoridades por cuenta propia. En nosotros está dar el primer paso y empezar a hacer la diferencia.