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“… para la ciudadanía, el Bicentenario no significa una meta, por el contrario, significa un punto de partida, para repensar y trabajar por la Patria que queremos, una en donde nadie se quede atrás”.
Para el Perú, el año 2021 debió ser un año de celebración, en donde nos felicitáramos entre todas y todos por llegar a los 200 años de nuestra República con un Estado eficiente, moderno e inclusivo, y siendo una sociedad justa, empática y solidaria; no lo hemos logrado, y pareciera que se han hechos esfuerzos desmedidos para llegar a esta fecha siendo o representando todo lo contrario. Alejados de los sueños que alguna vez tuvieron e inspiraron, cada uno desde sus diferentes posturas, Víctor Andrés Belaunde, José Carlos Mariátegui o Víctor Raúl Haya de La Torre, contar con un mejor país para los más necesitados, para aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
En nuestros 200 años de República, en donde anhelábamos ser catalogados como un ejemplo para Latinoamérica, intentando ser miembros de importantes foros mundiales junto a países desarrollados, el Latino barómetro[1] en su Informe de 2021 nos califica como un “Estado fallido”, esto como consecuencia, no del gobierno actual (que es un desastre pero no se debe pretender tapar el sol con un dedo) sino de 20 años de crisis política, una tras otra, lo que ha ocasionado la profunda crisis institucional, de gobernabilidad y eficiencia en la que se encuentra el Perú. Por algo, la mayoría de nuestros ex presidentes, ex gobernadores regionales (e incluso actualmente electos) y ex alcaldes en todo el país están acusados, en la cárcel o perseguidos por corrupción.
Y dentro de este caos de des-gobernabilidad e incertidumbre, usualmente buscamos a quién o a qué responsabilizar, esto con afán de desaparecerlo o cambiarlo, porque creemos (erróneamente) que, haciéndolo, por arte de magia, se solucionará y podremos regresar a vivir cada quien en lo suyo, alejados de la realidad, en un Perú paralelo, en donde las múltiples naciones de nuestro país no se encuentren.
En esa práctica, una de las partes políticas persiste en culpar de todas las desgracias del “pueblo peruano” al modelo económico del país, a la llamada Economía Social de Mercado, que anecdóticamente la llaman economía liberal de mercado o economía de mercado, quizá por estratégica, aunque parece ser que es parte del desconocimiento que tienen sobre ella.
Así como se pretende cambiar el modelo económico, las autoridades intentan cambiar nuestra democracia, nuestros derechos y libertades, en uno de los momentos menos transparentes del Estado, lleno de secretismo, especulación y sin horizonte. En donde, por más que intenten autoproclamarse “buenos” y etiquetar a quienes piensan en contrario como “malos”, no existen dichas categorías, siendo cada una de ellas, parte de un mismo espejo; teniendo muchas cosas en común, como el populismo y anteponer sus intereses personales a los del país.
Estos planteamientos y formas, más que llevarnos a una defensa fanática del status quo, deben llevarnos a una reflexión que pase por analizar la realidad de los hechos a través de una base conceptual contrastada con data, y sobre ello tener conclusiones, las cuales deben ser comunicadas de manera sencilla, para que todas y todos podamos entender, y decidir de la mejor forma dentro de las reglas y procedimientos establecidos, sin atajos que nos puedan llevar al despeñadero. Suena fácil decirlo, es difícil intentarlo, pero necesario hacerlo. Y tomaremos la tarea.
¿La razón? Es imprescindible que hagamos nuestra parte, porque nadie más la hará por nosotras/os; y, ante el fracaso de los partidos políticos, queda la ciudadanía, aquella que sufre los estragos de las constantes crisis y las consecuencias del egoísmo de las élites, las mismas que nos arrebataron la oportunidad de celebrar un Bicentenario lleno de esperanza. Sin embargo, para la ciudadanía el Bicentenario no significa una meta, por el contrario, significa un punto de partida, para repensar y trabajar por la Patria que queremos, una en donde nadie se quede atrás.