El 28 de julio de 2018, durante el mensaje presidencial anual por fiestas patrias, el Jefe de Estado peruano, Martín Vizcarra, anunció la convocatoria de un referéndum para consultar a la ciudadanía su opinión sobre la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección inmediata de congresistas, el financiamiento público a los partidos políticos y el retorno al bicameralismo; cuatro preguntas que dieron inicio a una propuesta de reforma política luego de casi tres décadas de vigencia de la Constitución de 1993. El referéndum se efectuó el 9 de noviembre de 2018: sus resultados dieron como único rechazo la propuesta de un parlamento bicameral; los cambios constitucionales formales se aprobaron con sendas leyes de reforma. Poco tiempo después, el Ejecutivo convocó a una denominada Comisión de Alto Nivel para proponer reformas al sistema político, las cuales deberían ser evaluadas por el propio Ejecutivo y proponer los proyectos de ley para su aprobación y posterior enmienda constitucional.
La Comisión presentó sus propuestas de reforma el 20 de marzo de 2019, articuladas en tres ejes: sistema de Gobierno, sistema de partidos y sistema electoral, es decir, militancia, democracia interna y las causas que levantan la inscripción de las organizaciones políticas. Además, permitiría que las elecciones al Parlamento se realicen en una segunda vuelta electoral, que los candidatos a la Presidencia de la República puedan integrar las listas al Congreso, que levanten la inmunidad parlamentaria, que descarten el voto preferencial para la elección de parlamentarios (lista abierta), entre otras; quizá, una de las más polémicas era proponer una cámara de senadores, en oposición al resultado de la última consulta popular.
Con relación a las propuestas de reforma política, considero que no deben medirse por su cantidad sino por la calidad. De lo que se trata es de proponer ajustes al sistema político que luego exijan o precipiten otros cambios, algo similar a lo que ocurre en el juego de billar, que, al golpear con precisión la bola blanca, produce el choque de las otras entre sí y con las bandas, para que la bola escogida ingrese en el agujero previsto.
¿Cuáles son las reformas clave para comenzar a producir un cambio en el sistema político? En el primer grupo de reformas está anular el voto preferencial (propuesta por la Comisión), pues, si las listas al Congreso son cerradas, el líder del partido se ocupará de colocar a sus mejores cuadros en los primeros lugares para asegurar su elección. La segunda sería instaurar el voto facultativo (no propuesto por la Comisión). Ello imprimirá una dosis de madurez y reflexión al momento de decidir, pero es cierto que requerirá también un pacto de fair play entre los candidatos para no desconocer la legitimidad de los resultados ante una baja participación ciudadana.
Un segundo grupo de reformas son que las elecciones al Congreso se definan en la segunda vuelta electoral para evitar la fragmentación de partidos, así como permitir que los candidatos al Ejecutivo también integren su lista parlamentaria y ocupen el primer lugar (propuestas por la Comisión). Si no alcanzaran la Presidencia, será una forma de asegurar su presencia en la política y organizar a su grupo parlamentario desde un escaño en el hemiciclo.
Sobre la exclusión de la inmunidad parlamentaria —probablemente la propuesta más radical—, pensamos que la labor de la representación parlamentaria correría riesgo al momento de fiscalizar, pues, si lo que se desea es dejar de tener un parlamento integrado por políticos deshonestos, eliminar la inmunidad es una opción para excluir a aquellos que fueron electos y que incurrieron en faltas graves o delitos durante su mandato. Sin embargo, si lo que se quiere es un mejor parlamento, integrado por políticos probos y honestos, se tiene que conservar la inmunidad como una garantía institucional entre otras reformas complementarias. El problema de fondo, como mencionamos, es la forma y procedimiento de selección a los parlamentarios a falta de un sistema de partidos.
Finalmente, la Comisión no tomó en cuenta incluir la prohibición de reelección absoluta a la Presidencia de la República, como está previsto en la Constitución mexicana de 1917, un ajuste que podría atenuar el caudillaje institucionalizado en nuestro sistema político. En efecto, el artículo 83 de la Carta de Querétaro establece que “[el] presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto”, una disposición que demandaría la solidez al interior de las organizaciones políticas, las cuales se ocuparían más de institucionalizar su democracia interna, formar cuadros y fortalecer su arraigo nacional, que de la dependencia de todos los afiliados al capital político del expresidente candidato.
(*) PÁGINA EN BLANCO promueve la diversidad. La opinión de los articulistas no es necesariamente compartida por el medio.
 | Autor: Carlos Hakansson Nieto Doctor en Derecho (Universidad de Navarra), Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura), Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea). Ha realizado estancias en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, en la Universidad de Vigo y en la Universidad de California en San Diego. |