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Hace unos días, un grupo de periodistas de Canal N que se encontraban en Ayacucho cubriendo un mitin de Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, fueron violentados y perseguidos por el público simpatizante. Mientras algunos medios, colegas e intelectuales se solidarizaron por el ataque, hubo quienes reprochaban que era la misma prensa la que se exponía a esta reacción de la gente por mostrar su preferencia hacia Fuerza Popular. Sin embargo, no hay justificaciones a la violencia contra la labor periodística ni a los discursos que la alimentan.

Es conocido que el trabajo periodístico supone un riesgo, que varía según el tema a cubrir. La Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú reportó que, en solo 2020, se habían producido 239 ataques a periodistas y medios, la cifra más alta del siglo.

Es cierto que un periodista que reporta una marcha de una demanda ciudadana o un conflicto social debe tomar todas las medidas posibles para preservar su seguridad y continuar informando. No obstante, en una democracia, cualquier ataque deliberado del que pueda ser víctima siempre debe ser condenado.

El escenario descrito inicialmente es totalmente distinto a una marcha o una confrontación. El candidato Castillo ha atacado a la prensa incontables veces en sus mítines, acusándola de estar comprada. Incluso, en Huamanga, recientemente amenazó con dar a conocer los sueldos de los conductores de televisión. El día del episodio de violencia hacia a los periodistas de Canal N, el maestro de ceremonia llamó a los periodistas presentes «prensa mermelera», y la reacción inmediata fue la agresión. La responsabilidad es clara.

Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Rafael López Aliaga tuvo una actitud similar contra la prensa, con la particularidad de su innegable misoginia. A pesar de ello, ha intentado sumarse en la crítica hacia Castillo, aunque poco le duró la actuación, ya que terminó insultando por Twitter a la periodista Juliana Oxenford.

Los simpatizantes de Fuerza Popular no están libres de ataques a la prensa. El 9 de agosto de 2019, La República denunció que su equipo periodístico y comunicadores de la Federación de Periodistas del Perú fueron agredidos cuando cubrían, en los exteriores del Poder Judicial, la evaluación del recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

Si bien los líderes y partidos políticos no pueden controlar las acciones de todos sus simpatizantes, deben hacerse responsables cuando promueven el odio hacia el trabajo periodístico y acusan, una y otra vez, a toda la prensa de ser «comprada». Peor aún, si se hace sin ninguna prueba. De igual modo, aunque no sea parte del discurso de un candidato o de un partido político, estos deben llamar a sus miembros y simpatizantes a respetar la integridad de los profesionales de la prensa y de toda persona.

El periodismo, aunque siempre incómodo principalmente para quienes detentan el poder, es una actividad vital en una democracia. Una sociedad que limita este ejercicio vulnera el derecho de informar de los periodistas y de los ciudadanos de estar informados. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios periodísticos —grandes o pequeños— y los ciudadanos deben condenar siempre los ataques a la prensa, sin importar de donde venga.