Grave. La aprobación de la Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, que es manifiestamente inconstitucional, amenaza con dejarnos a todos los peruanos sin libertad y sin propiedad privada.
Esta norma tiene objeto la participación de las personas naturales y de las personas jurídicas en situaciones de Estado de emergencia, epidemias, desastres entre otros. Sin embargo, tal y como se encuentra aprobada constituye una violación fragante del derecho fundamental de la libertad y del derecho a la propiedad privada, ya no de las clínicas, sino de todo. Esto incluye, estimado lector, sus cuentas bancarias y su casa.
Bajo esta regulación, ya vigente, todas las personas y las empresas están obligadas a brindar información al gobierno que puede ser, información económica (transacciones y salarios), datos personales de sus trabajadores, datos de infraestructura, entre otros. Y las personas estamos obligadas a mantener actualizados nuestros datos ya que el gobierno podrá tomar sus datos personales desde distintas entidades (Reniec, Sunat, Sunarp) saber qué bienes muebles, inmuebles y económicos posee. Así lo establece el artículo 26 de la flamante ley.
Estos datos, obtenidos con su consentimiento o no, van a ir a parar al Sistema de Defensa Nacional, donde se encuentra la Dirección Nacional de Inteligencia (otrora SIN), entidad que, durante el gobierno de Ollanta Humala, “chuponeaba” teléfonos de famosos. Vaya uno a saber para qué y que, en otros tiempos y con otro nombre, se encargaba de extorsionar y comprar morales para servir al régimen autoritario. Ellos mismos manejarán sus datos: no solo sabrán dónde vive y en qué colegio educa a sus hijos, sino también cuánto gana, qué enfermedades tiene, cuantas propiedades posee y, posiblemente, qué le guste ver a través de internet.
Sin embargo, la flamante norma, que ha sido presentada con bombos y platillos por el congresista Daniel Urresti (su promotor), no se queda ahí. En una situación de emergencia, como la que vivimos actualmente, o en una emergencia parcial, el Estado puede movilizar, a través de la transferencia, requisición, intervención y donación, los siguientes bienes: inmuebles, muebles, y recursos económicos y financiero. Esto es, no solamente conoce sus datos, sino que, en el marco de una emergencia nacional, puede exigirle que se los transfiera con la excusa de que es necesario. Dicho de otra manera: le puede quitar su casa, su carro, su teléfono, y sus cuentas bancarias de forma temporal con la obligación de devolverlas pasada la emergencia.
Esto es evidentemente una violación al derecho de propiedad privada, que la constitución describe en el artículo 70 como ‘inviolable’. Una cosa es requisar una clínica privada en el marco de una emergencia sanitaria, como está previsto en la Ley General de Salud, y otra cosa es tener libertad plena para desposeer a las personas como venga en gana, así sea de forma temporal. ¿Qué impediría que requisen los bienes de opositores políticos al Gobierno o de los medios de comunicación bajo la excusa de que estorban en la solución de la emergencia?
No solo eso. La norma faculta al Estado a movilizar a las personas, es decir, si el Gobierno, en el marco de una emergencia, requiere de un perfil como el suyo le va a obligar a trabajar para él de forma temporal. Si usted no desea trabajar para el Estado, este le pondrá una multa, como está establecido en la norma. Esto, que en el fondo es una leva civil, es un atentado contra el derecho al trabajo. El artículo 23 establece que nadie está obligado a prestar trabajo sin su consentimiento. No obstante, con esta norma, el Estado podría obligarlo, si así lo considera, a trabajar en las Fuerzas Armadas o bajo la tutela de algún ministerio; un atentado manifiesto al derecho de la libertad personal.
Este tipo de levas obligatorias en las cuales el poder del Estado termina imponiéndose sobre la libertad de las personas es propia de las dictaduras y los regímenes autoritarios. Hoy, si el Gobierno así lo desea, le pueden quitar su casa, su empresa, sus cuentas bancarias y, lo pueden obligar a trabajar, aunque usted no lo quiera.
En un país donde ocurren todos años emergencias como los desastres naturales, esta es una ley peligrosa para la continuidad democrática que nosotros, como medio de comunicación, defendemos. No estamos de acuerdo con la ley por los motivos que hemos expuesto. Es necesario que se plantee una acción de inconstitucionalidad, sea a través del presidente, del defensor del pueblo o a través de recolección de firmas, puesto que el TC no puede actuar de oficio. De estas opciones, creemos que debería interponerla el presidente Martín Vizcarra porque uno de sus principales deberes es defender la Constitución. Si no se hace, nos tocará a la sociedad defender nuestra siempre imperfecta democracia.
El país que queremos es principalmente libre, donde todos puedan desarrollarse sin discriminación y donde el Estado nos respete como personas. Sin libertad, no somos nada. Todos sabemos que los más perjudicados en este tipo de decisiones siempre son las minorías y los más pobres. Nos sorprende también el apabullante silencio de los medios de comunicación al respecto sobre un tema que, como ha podido leer, es de suma preocupación. En el Congreso, la democracia ha perdido por goleada.