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¿Cuál es el comportamiento exigible a un presidente de la República? Esta es la pregunta que los congresistas debieron responder en el hemiciclo el día en que se debatió la vacancia. En lugar de eso, el debate fue sumamente pobre, tan pobre que pasaron por alto el error más grande del abogado defensor del presidente: que la vacancia solamente procede cuando hay un delito sancionado por el Poder Judicial. Eso es, a todas luces, una falacia, ya que el presidente no puede ser sancionado por delitos durante su gestión. El debate, como era de esperarse, fue chato en nivel intelectual, pues se centró en temas emocionales, pareceres y cuestiones ajenas a un proceso de vacancia.

La vacancia presidencial es parte del ejercicio del sistema de pesos y contrapesos que tiene toda república democrática. En el caso peruano está previsto que pueda vacarse al presidente por causales objetivas como la muerte, incapacidad física permanente, la renuncia, salir del territorio nacional o por algún delito del artículo 117, como la traición a la patria o disolver el Congreso. Pero también establece una causal subjetiva que es la incapacidad moral permanente.

En 2003, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que la vacancia por incapacidad moral permanente era un acto político del Congreso y que solo podía proceder por votación calificada, es decir, como mínimo 2/3 de los votos de cámara. Esto quiere decir que no solamente debe existir el cuestionamiento moral, sino también los votos suficientes para concretar la vacancia porque finalmente es un acto político.

La incapacidad moral permanente hace alusión al comportamiento “moral” del presidente. En ese sentido, es necesario preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo se debe comportar un presidente? El mandatario estadounidense Richard Nixon tuvo que dimitir a su cargo luego de conocerse el escándalo de Watergate, en el que se descubrió que se realizaban escuchas ilegales desde la Casa Blanca. A su par Bill Clinton se le abrió un proceso de impeachment a raíz de un escándalo sexual con Mónica Lewinsky, en el que se acusaba al presidente de haber dado un falso testimonio. A Donald Trump se le abrió un proceso luego del escándalo político por supuestamente haber presionado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para investigar a Joe Biden y a su familia a cambio de apoyar la lucha contra los separatistas prorrusos.

En América Latina ocurrió algo similar. Al presidente paraguayo Fernando Lugo se le destituyó del cargo por la muerte de 17 personas durante los enfrentamientos entre la policía y los campesinos. En Brasil, Dilma Rousseff fue vacada por supuestamente haber violado la ley presupuestaria y por sospechas en implicación de actos de corrupción en Petrobras.

En el caso peruano, tras conocerse los llamados ‘vladivideos’ y de renunciar desde Japón, Alberto Fujimori fue vacado por incapacidad morar permanente para ejercer el poder. En ninguno de los casos se dio por delitos consumados, sino por «comportamientos morales”, más allá de que después fueran acusados y sancionados, como en el caso de Fujimori.

En los audios en los que conversa el presidente Martín Vizcarra con colaboradores cercanos se evidencian algunos asuntos graves, como el ocultamiento de información del libro de visitas del Palacio de Gobierno, lo que configura un delito penal, de una persona investigada por tráfico de influencias. Se puede ver, además, el «alineamiento» de Vizcarra con sus empleados para ocultar información al declarar ante la fiscalía, así como el hecho de que él conocía de los contratos realizados por la señora Miriam Morales en los que favorecía a familiares y amigos. Todos ellos son delitos.

Es evidente que el presidente está en una situación de incapacidad moral. Pero, para que se aplique la vacancia, no es solamente necesaria la existencia de evidencia del comportamiento inmoral, sino también tener los votos suficientes para llevarla a cabo.

En otros países, cuando ocurre un procedimiento así se convierte en una oportunidad perfecta para debatir y dialogar sobre los valores de la democracia, los principios republicanos del país, los accionares de los próceres y todo aquello que construye una nación. Sin embargo, es lamentable que, en este proceso de vacancia, a pesar de haber existido todos los argumentos en contra del presidente, hayan privado intereses particulares de los congresistas de acaparar el poder.

La institución de la vacancia por incapacidad moral permanente ha sido creada para cuidar a la Presidencia de la República, tanto así que un presidente acusado por esta causal debe pagar a un abogado con su propio dinero y no con el dinero del Estado. No es solamente una acusación moral, sino un acto político, y en este caso no existieron los votos suficientes para destituir al mandatario.

Sin embargo, queda claro que Martín Vizcarra ha quedado absolutamente debilitado, sin bancada y sin credibilidad. Los presidentes de los países democráticos deben saber guardar el decoro, sino pierden autoridad. Y, para muestra: hacía dos días, en la inauguración de una planta de oxígeno en Chanchamayo, algunos pobladores le gritaron “sinvergüenza”, sin el más mínimo respeto.