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Decía George Orwell que «la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír». Esto aplica para cualquier circunstancia, pero se hace más necesario en tiempos tan convulsos como los que vivimos ahora mismo en el país.

Y aunque la actitud de los medios de comunicación pueda ser cuestionada y considerada «antiética», no se le puede vetar por la simple razón de que no nos guste lo que digan. Los actos de amedrentamiento o intimidación hacia los periodistas solo ponen en evidencia la intención de atentar contra sus derechos, pero también de los ciudadanos al intentar limitar su derecho a la información.

Una prueba de ello es la última carta enviada por parte del abogado de Perú Libre, Julián Palacín, y del propio Pedro Castillo al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González Chávez, donde se expresa una supuesta «violación del Código de Ética de Willax TV». Aunque la carta no especifica el motivo, más allá de citar incisos referidos a faltas éticas, Palacín declaró ante un medio de comunicación que la razón sería “por haber maltratado de la peor forma al señor presidente el día de ayer [jueves 8] en un programa. Y por los maltratos que vienen con anterioridad».

En el documento se pide investigar al medio, imponer multas e interponer denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales [los dueños del canal], así como medidas cautelares, en caso de que se hallen responsabilidades administrativas. Con estas exigencias, la carta parece más un emplazamiento y una amenaza que un mero «pedido de investigación».

Es cierto que muchos de los medios de comunicación peruanos, especialmente los masivos, han cometido faltas contra la ética y la deontología periodística. Eso ha sido más que evidente por ambos lados: tanto los que han apoyado a Keiko Fujimori, como aquellos que lo hicieron a favor de Castillo. Pero el problema no es que hayan tomado una determinada postura —pues como empresas privadas tienen el derecho de hacerlo—, sino el que hayan hecho proselitismo. Ahí estaría la falta si se quiere.

Aun así, las faltas éticas son subjetivas, cuestionables e, incluso, condenables desde el punto de vista moral, pero no ameritan una sanción legal. Pedir que se limite a un programa periodístico porque nos incomoda lo que dice sobre determinado político es atentar contra el principal derecho que tienen los periodistas: la libertad de expresión.

Si tanto Pedro Castillo como Perú Libre consideran que el periodista mencionado ha cometido delitos de difamación, calumnia o injuria, tienen todo el derecho de presentar sus evidencias y pedir la sanción correspondiente por la vía legal. Eso es también un derecho que tiene todo ciudadano peruano. Pero lo que no se puede hacer es pedir a una institución de carácter político como el MTC que abra una investigación administrativa con citación pública. El simple gesto de hacerlo puede interpretarse como una intención de «amordazar» la prensa.

Independientemente de las posturas políticas de un candidato, ya sea de derecha, centro o izquierda, no se puede atentar contra el principio de libertad de expresión que avala a todo profesional de la comunicación y del periodismo. Incluso el intelectual estadounidense —asociado a la izquierda— Noam Chomsky dice: «Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto».

Así que cuidado con lo que se solicite: puede revelar las verdaderas intenciones, sobre todo si se trata de alguien que muy probablemente llegue a gobernar el país.