Editorial: Mujeres indígenas, ¿inclusión o exclusión?

Puede sonar exagerado para algunos y alarmante para otros, pero lo cierto es que las mujeres de los pueblos originarios sufren una triple discriminación: el ser mujer, indígena y pobre. Y esto ha incrementado sobremanera en los últimos meses debido a la llegada de la pandemia. Las mujeres indígenas de nuestro continente han sido las más afectadas al quedar desamparadas con las medidas de aislamiento, sin considerar su idiosincrasia, costumbres y tradiciones.

Si bien estas comunidades originarias siempre han sido un asunto de suma importancia para atender, en un contexto como el que se vive ahora es más que necesario y urgente. Y en estas estas fechas es cuando más se requiere poner en agenda el asunto, dado que el pasado 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Indígena.

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Según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay más de 476 millones pueblos indígenas en el mundo y constituyen más del 6% de la población mundial. De acuerdo con la ONU, las mujeres y las niñas indígenas suelen verse afectadas de manera desproporcionada por las epidemias, debido a que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que las no indígenas. Además, representan casi el 19% de los que viven en extrema pobreza, al margen de la región donde habiten, ya sea en zonas rurales o urbanas.

En el caso de Perú, según el censo de 2017, del total de la población que se autoidentifica como parte de la población indígena u originaria, el 51% son mujeres, lo que equivale a más de 3 millones. A pesar de este gran número, las mujeres indígenas son todavía invisibilizadas por las políticas que no facilitan ni fomentan su participación. Esto se evidencia en las últimas elecciones municipales, por ejemplo, donde se eligieron 191 autoridades indígenas, pero solo el 15.18% fueron mujeres, es decir, apenas 29. Asimismo, en el Congreso anterior, de las 36 mujeres que había, solamente una era indígena.

Considerando estas cifras, cae por sí misma esta pregunta: ¿quiénes velan por los derechos de las mujeres de estas comunidades? Es cierto que el Estado ha hecho algunos esfuerzos –casi nulos– en los últimos años para incluir a las mujeres de estas poblaciones, pero el proceso es todavía demasiado lento. Y todo se ralentiza mucho más en un contexto como el de ahora, en el cual las instituciones del Estado tienen como prioridad atender “temas más urgentes”, como los vinculados con la salud pública.

Casi siempre, las instituciones del Estado solo se acuerdan de poner en agenda el tema cuando llega el Día Internacional de la Mujer Indígena, y casi se ven obligados a hacer alguna actividad exprés para justificar su accionar en este campo. Sin embargo, estas mujeres no necesitan que se les preste atención una sola vez al año para ser parte de una foto que permita acreditar que los indicadores se han cumplido.

No se puede seguir rezagando este asunto so pretexto de atender “lo más importante” o “lo más urgente”. Mientras no se ponga en agenda el tema de manera permanente, estas mujeres seguirán sufriendo los estigmas del machismo, el racismo y la discriminación, sin lograr ejercer sus derechos. Ya es hora, ¿no?