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Las imágenes vistas en las marchas, en las cuales se ve a la policía haciendo uso de la fuerza no son propias de un gobierno democrático. En nuestro país la protesta es un derecho constitucional y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Dentro de las víctimas se encuentra un colega nuestro, periodista de Ojo Público, a quien le cayó un perdigón de goma en la pierna. La imagen donde se le ve sentado en el suelo gritando con la pierna ensangrentada ha recorrido el mundo entero. En lugar de él podría haber sido un periodista de nuestro medio, un padre de familia o un estudiante. No son pocos los medios de comunicación internacionales que alertan de la situación preocupante que vive nuestro país ante el descontento popular de la toma de la presidencia de Manuel Merino de Lama.

En un intento de criminalizar la protesta, el premier Ántero Flores-Aráoz ha felicitado el accionar de la policía, mientras que el ministro de educación, Fernando D’Alessio,  ha dicho que las protestas han sido organizadas por organismos como MOVADEF, lo que evidentemente es una información falsa. Así como la negación de uso de la fuerza cuando las imágenes y videos dicen lo contrario. Exigimos desde esta tribuna que no se siga criminalizando la protesta. Al revés, si es que el gobierno desea llegar realmente a una solución del problema debe emplear el diálogo y este solamente es posible cuando se garantizan los derechos de los ciudadanos. El gabinete debe suspender la prohibición del derecho de reunión y el toque de queda para los fines de la protesta. Lo único que ocasiona la represión vista es que muchas personas que inicialmente no apoyaban la marcha terminen plegándose a ella.

Exigimos también se emplee el diálogo como mecanismo para solucionar la crisis que estamos viviendo. Existen ciertas cuestiones que los protestantes vienen exigiendo como evitar, por ejemplo, el desmoronamiento de la reforma universitaria, que pensamos que ha sido un gran avance para el país, la garantía de tener unas elecciones limpias en abril próximo, que venimos exigiendo desde que Manuel Merino tomó la presidencia, ambos pedidos justos. A cinco meses de que ocurran las elecciones, es una obligación del gobierno tender los puentes de diálogo con los sectores de la población que se encuentran protestando, de lo contrario la situación seguirá agravándose cada día más.