El poder de los audios y los videos: cómo remecer una democracia

Por Santiago Zelada.

Tal  y como versa el célebre aforismo acuñado por el historiador Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La política no se inhibe de esto y existen escándalos que pueden demostrar esta decepcionante realidad. Los secretos, las verdades a medias y los “tratos bajos la mesa” se hacen añicos una vez que todo sale a la luz y la población es consciente de ello.

Los audios y videos tienen la capacidad de poner en aprietos hasta al más avezado embaucador. Se presentan en los medios de comunicación como pruebas contundentes e irrefutables de que algo turbio siempre estuvo oculto detrás de un telón. Cabe aclarar que hay que ver estas situaciones con escepticismo. A continuación presentamos cinco casos peruanos —entre tantos— en los que se visibiliza el poder de lo audiovisual para remecer los cimientos de la democracia. 

Los ‘vladivideos’

El año 2000 quedó al descubierto el modus operandi inmoral del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos a través de un cúmulo de videos en los que se divisan pagos de coimas y sobornos a diversos políticos y empresarios. Estas reuniones clandestinas se daban en la sala del Servicio de inteligencia Nacional (SIN). El objetivo de estas era comprar la voluntad de figuras pertenecientes a las altas esferas de poder. 

El congresista Luis Iberico consiguió las cintas en VHS a través de una fuente del SIN. Estas se hicieron públicas en un llamado a la opinión pública, incitado por el partido Frente Independiente Moralizador. Se presentó un video en el que se podía apreciar al excongresista Alberto Kouri recibir 15 mil dólares de Montesinos a cambio de que le sea leal a la agrupación oficialista Perú 2000.

Kouri se defendió y argumentó que el dinero era, en realidad, un préstamo. Se refirió a Vladimirmo Montesinos como su “amigo” y explicó que requería el efectivo para la compra de un camión con el que pensaba repartir pescado a los pobres.

Esta justificación no fue lo suficientemente convincente para la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Esta sentenció a seis años de prisión a Kouri por ser culpable de cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito, tras recibir 60 mil dólares de Montesinos para aceptar la tránsfuga.

Uno de los vladivideos más recordados es aquel en el que se divisa a los accionistas mayoritarios de Canal 4 José Enrique Crousillat y José Francisco Crousillat recibir un pago de 1 millón 857 mil soles. El propósito era comprar la línea editorial del canal y hacerlo partidario del gobierno de turno. 

En su afán por apoderarse de los medios de comunicación, el régimen de Alberto Fujimori también pagó 350 mil dólares a Ernesto Schutz Landázuri, entonces accionista mayoritario de Canal 5.

El Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) tiene en su canal de YouTube 155 ‘vladivideos’. Los archivos fueron grabados entre 1998 y 2000 por el exasesor Vladimiro Montesinos.

Los ‘potoaudios’

En 2010, la Alcaldía de Lima se disputaba entre dos candidatas: Lourdes Flores Nano del Partido Popular Cristiano (PPC) y Susana Villarán de Fuerza Social. El 15 de septiembre el programa El francotirador, que conducía Jaime Bayly, publicó el audio de una conversación telefónica privada entre la candidata pepecista y el excongresista del mismo partido Xavier Barrón. 

Flores Nano dejó en claro que las elecciones le importaban un «comino» después de que ella se enterase de los resultados de la encuesta de Ipsos-Apoyo, donde Susana Villarán encabezaba la preferencia de los electores. «Métanse la alcaldía al poto, a mí qué me importa. Me interesa una porquería la elección esta. Me interesa un comino», afirmó.

Los extractos que Bayly propaló motivaron su estrepitosa caída en las preferencias electorales, pues repercutió negativamente en la imagen de la candidata Lourdes Flores. El resultado fue la victoria de Villarán. 

Los ‘mamanivideos’ 

La bancada de Fuerza Popular difundió, en marzo de 2018, videos que evidenciaban supuestos intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. El congresista fujimorista Daniel Salaverry lideró la presentación y reveló que su colega el congresista Moisés Mamani había captado estos momentos en audio y video.

En estas grabaciones se apreciaba cómo le pedían que vote en contra de la vacancia a cambio de que el Gobierno apruebe ejecutar obras para Puno, la región andina en el sur de Perú que representaba este parlamentario. Inclusive, en uno de los videos, aparece el mismo Kenji Fujimori oyendo los ofrecimientos que otros congresistas de Fuerza Popular —Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez— le hacen a Mamani.

Las filmaciones pusieron en tela de juicio la veracidad de las declaraciones del último de los Fujimori. En diciembre, él y otros nueve políticos fujimoristas desafiaron abiertamente al que entonces era su partido, cuando se abstuvieron de votar a favor de la destitución de Kuczynski.

Después de la difusión de los videos el martes, Fujimori negó que se hubiera hecho una oferta de contratos de obras públicas a Mamani para que votara a favor de la permanencia del mandatario. Señaló que la conversación que tuvieron iba en el sentido «de la gestión que cualquier autoridad hace».

Los ‘CNM audios’

En julio del 2018, la corrupción enquistada e institucionalizada que yacía en nuestro sistema de justicia salió a la luz. Este escándalo involucró tanto a políticos como empresarios. Todo fue a raíz de unos audios conocidos como los “CNM audios”, por involucrar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la entidad encargada de destituir y asignar a jueces y fiscales en sus respectivos cargos.

Aquella institución fue desintegrada, y hoy en día existe la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los audios provenían de interceptaciones telefónicas legales dentro del marco de una investigación por crimen organizado bautizada por la Fiscalía como ‘Los cuellos blancos del puerto’. 

Los involucrados tenían un trato coloquial y a veces fraternal entre ellos: los famosos “hermanitos”. Esta cúpula de poder trató al sistema de justicia como un trueque de favores. Las figuras más recordadas están el empresario Antonio Camayo; el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo; el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo; los exconsejeros del CNM Julio Gutiérrez, Guido César Águila, Iván Noguera y Orlando Velásquez Benites. 

El fiscal Pedro Chávarry sería el sucesor del fiscal Pablo Sánchez. su juramentación se vio opacada debido a que el portal periodístico IDL-Reporteros publicó unos audios comprometedores un día antes. Ahí se escuchaba a Chávarry en una conversación que denota cercanía con el cuestionado ex juez supremo César Hinostroza. Él le pedía que le facilite la obtención de un documento con las resoluciones que ratifican los procesos en su contra por enriquecimiento ilícito como archivados. Esto era necesario para presentarlo ante la embajada de Estados Unidos y así obtener la visa sin inconvenientes.

Por otro lado, César Hinostroza es un personaje recurrente en los audios. Él se convirtió en presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en 2016. El audio que caló más en los medios fue aquel en el que negociaba la pena del violador de una menor de edad a cambio de algún posible beneficio para el ex juez supremo.

Hinostroza Pariachi fue señalado como uno de los integrantes de la ya conocida organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’. Asimismo, se lo acusa de favorecer a narcotraficantes a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En adición, la difusión de otras conversaciones reveló la estrecha relación con representantes de varios partidos políticos.

El 7 de octubre de 2018, el cuestionado jurista fugó del país a pesar de que había un impedimento de salida en su contra. Escapó por la frontera con Ecuador y burló los controles migratorios. Llegó a Ámsterdam a través de un vuelo que abordó en Guayaquil. 

La huida de Hinostroza provocó la renuncia del ministro del Interior de la época, Mauro Medina. Lo deplorable de este hecho es que ocurrió dos semanas después de que el Congreso (el que luego fue disuelto en septiembre de 2019) aprobara la destitución e inhabilitación por diez años del ex juez supremo, además de incluirlo en las investigaciones de la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’. 

Caso ‘Richard Swing’

En mayo del 2020, Richard Cisneros (conocido popularmente como ‘Richard Swing’) acaparó la atención mediática debido a unos contratos sospechosos que obtuvo con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020 por 175 400 soles. El escándalo tuvo el impacto suficiente como para generar la renuncia de la ministra del mencionado sector, Sonnia Guillén. Asimismo, el presidente Martín Vizcarra se vio obligado a dar declaraciones al respecto.  

El caso llegó a los medios a raíz de un reportaje publicado por el programa Magaly TV. El servicio que brindó el cantante fue de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores. Esta charla, según el programa reveló , se ofreció el 24 de abril, en pleno estado de emergencia, y se le pagó por ella 30 mil soles.

Según el programa periodístico Panorama, la relación entre Cisneros y el Ministerio de Cultura inició durante la gestión de Patricia Balbuena en 2018. Luego, continuó con otras administraciones.

En junio y julio, la Fiscalía realizó intervenciones en las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Cultura.

La vinculación de Richard Cisneros con el presidente Vizcarra surgió cuando se demostró que la contratación se dio a lo largo de varios de ministros de Cultura, designados durante su mandato. Además, estuvo vinculado a él durante la campaña de Peruanos por el Kambio.

A principios de junio Vizcarra se defendió y aseveró que él nunca recomendó a Cisneros para algún cargo público.

«No he recomendado a nadie a ningún cargo público. Ni al señor Cisneros ni a nadie. Eso pueden dar fe los funcionarios que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que se tienen que hacer con seriedad», expresó Vizcarra Cornejo.

En adición,  señaló que el despacho presidencial colaboró con todo lo solicitado por el Ministerio Público para la investigación de la contratación irregular de Cisneros. «Han venido del Ministerio Público a recopilar información y nosotros hemos dado todas las facilidades a través de medio electrónico», indicó.

Durante su presentación del 12 de junio, Richard Cisneros aseguró que, para el trabajo «artístico» que realizó al Ministerio de Cultura, solo bastó con acreditar que tiene una trayectoria musical con más de 30 años de experiencia probada. «Fui requerido para potenciar los espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura, y para eso se necesitaba experiencia en producción de eventos (…) Hice un trabajo de investigación para potenciar el Auditorio Los Incas y todos los espacios menores que estaban mal implementados», explicó.

La Contraloría General de la República corroboró que el Ministerio de Cultura realizó pagos indebidos por el monto de 155 400 soles al cuestionado cantante. Pese a que no contaba con la especialidad, fue contratado por el Ministerio de Cultura para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios, entre 2018 y 2020.También se halló como implicados a otros 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente a Cisneros.

A inicios de septiembre, Vizcarra había sido citado a la sesión de la Comisión de Fiscalización para que declare por los contratos de Richard Cisneros. Sin embargo, envió un informe en la que se indica que «no está obligado» a acudir al Congreso. El documento técnico, que fue elaborado por el Ministerio de Justicia en su condición de asesor legal del Gobierno, reitera que no participó en los cuestionados contratos. «No he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas», señaló.

El 10 de septiembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, presentó ante el Pleno del Congreso tres audios relacionados al caso ‘Richard Swing’. En dos de ellos, se escucha la voz del presidente de la República. En el primer audio se escucha a Vizcarra conversar con dos mujeres, la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales y la exfuncionaria Karen Roca.

La conversación gira en torno al registro de visitas que Richard Cisneros realizó al Palacio de Gobierno. Estas visitas quedaron registradas en el portal Transparencia, una plataforma de acceso público. Según lo que se escucha en el audio, el presidente y las mujeres comentan que deben responder que las reuniones no se concretaron o se cancelaron.