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A semanas de las elecciones generales 2021 y de conocer a quienes pasaran a la segunda vuelta, pocos temas han sido puestos a debate en la agenda electoral. Ni siquiera el más urgente: las acciones frente a la precaria situación en la que nos encontramos frente a la COVID-19, ha sido lo más discutido.
Frente a esto pensar que los candidatos abordarán de manera seria el tema de libertades políticas, en especial las relacionadas con las personas LGBT, es hasta inocente; pero no por eso deja de ser importante. No es la misma situación dejar de hacer un colegio como aprobar el matrimonio igualitario: uno corresponde al Poder Ejecutivo y el otro al Poder Legislativo; ambas cuestiones son compatibles para la tranquilidad de todos.
Sin embargo, han pasado ocho años desde la última vez que hubo una discusión importante sobre el derecho de las personas a ser iguales ante la ley.
En el año 2013, el movimiento Unión Civil Ya congregó a un apoyo significativo a favor de la causa, motivo suficiente para la movilización del establishment conservador a todo nivel con una fuerte contra campaña. En el 2013 también estuvo presente la campaña de parejas reales, que tuvo un impacto simbólico importante. Además, se dio la batalla, que se perdió, en el Congreso de la República donde los parlamentarios de distintas ideologías políticas defendieron el tema. Recuerdo nombres como el de Carlos Bruce, Verónica Mendoza, Mauricio Mulder, Cecilia Chacón y Pedro Espadaro. Y es que las causas de igualdad ante la ley no tienen una ideología partidaria, les pertenece a aquellos que creemos en la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales.
Pasaron ocho años y si hoy volteamos el rostro a otros países de la región, podremos observar que Perú, a diferencia de muchos otros, todavía no garantiza la protección a parejas formadas por personas del mismo sexo (el Tribunal Constitucional se lavó las manos recientemente en un fallo) y solo hay avances tímidos en cuanto a garantizar la identidad de género de sus ciudadanos (el Tribunal Constitucional emitió la sentencia en el expediente de Ana Romero).
Sorprende más que un país como Chile, un país con una raíz conservadora importante, aprobara el Acuerdo de Unión Civil para garantizar igualdad de derechos a parejas del mismo sexo y el Perú aún no (en Chile no dejan de impulsar el matrimonio igualitario, podemos recordar que no son excluyentes).
¿Será que frente a este nuevo escenario electoral la cuestión empieza a mejorar?
Si nos atenemos a los planes de gobierno de los partidos políticos es importante mencionar que hubo un cambio en relación al año 2016. En ese entonces, no más de dos o tres partidos o alianzas que se encontraban postulando mencionaron el tema de manera expresa y fue mediante una mención a la unión civil no matrimonial, propuesta de PPK, partido que ganó la elección o una ley de identidad de género, una de las propuestas del Frente Amplio.
En el 2021, existe un avance en los partidos como el Partido Morado, Victoria Nacional, el Frente Amplio, Juntos por el Perú, Fuerza Popular y Podemos Perú mencionan en sus planes de gobierno alguna medida: otros más y otros menos en relación con la materia.
La situación mejora y se extiende a más partidos si es que entendemos a los planes de gobierno, como hasta ahora se entienden, como una mera formalidad pues si escuchamos a postulantes al Congreso y candidatos presidenciales, muchos se han mostrado a favor de discutir abiertamente la unión civil como es el caso de Avanza País y Perú Patria Segura. Pareciera que estaríamos en una situación mejor.
Pero, ¿vale la pena ser optimista, con encuestas que indican que nos encontraremos frente a un Congreso conservador? La respuesta natural es que no. Si en ocho años no se ha avanzado nada, parece poco razonable un Congreso más conservador no va a impulsar el tema.
Pero no solo hay obligaciones internacionales que cumplir frente a un sector de su población. Estamos frente a una situación de dignidad humana e igualdad ante la ley, se debe garantizar un régimen de protección a personas del mismo sexo, el mismo régimen debe ser aplicable a personas de sexo opuesto, y sí, prefiero el matrimonio igualitario, pero lo mínimo esperable es que un Proyecto de Acuerdo Civil sea aprobado durante el siguiente quinquenio.
Lo mismo ocurre en el caso de una ley de identidad de género. Las personas trans son una de las poblaciones más vulnerables en el país, garantizar el correcto ejercicio de sus derechos reconociendo su identidad es urgente para garantizar su dignidad humana.
En el año del Bicentenario del Perú se tiene la oportunidad de pasar a la historia, no solo por ser el o la Presidenta de este periodo, sino también por haber garantizado un asunto de justicia. Es tiempo de hacer historia.
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