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En medio del caos político generado por los resultados de la primera vuelta electoral y el incremento de muertes por la COVID-19 en el Perú, hay un grupo que podríamos catalogarlos como héroes de la naturaleza – particularmente de la Amazonía – que están en constante amenaza y siendo cada día acorralados por personajes delictivos dedicados al extractivismo.

Podemos mencionar nombres como Edwin Chota Valera, Arbildo Meléndez Grandes, Lorenzo Wampagkit Yampik, Estela Casanto, Mauricio Roberto Carlos Pacheco Villanueva, Alfredo Vracko Neuenschwander. La lista de aquellos que perdieron su vida por defender sus territorios, el ambiente y nuestra Casa Común, nuestra Madre Tierra puede ser interminable.

La necesidad del desarchivamiento seguido del reinicio del debate para su ratificación por el nuevo Congreso de la República del Acuerdo Regional implica el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril.

Este contiene mecanismos de promoción, protección de los defensores y defensoras ambientales. La terrorífica cifra que ha incrementado cada trimestre en el Perú registra más de 90 asesinatos de defensores y defensoras ambientales. Además, se ha dado el estancamiento de procesos judiciales que aún no determinan responsables de estos crímenes, seguido de procesos que se dilatan por la alta carga procesal en la dependencia judicial.

Por otro lado, el cambio de fiscales retrasa la continuidad del proceso y las reprogramaciones de audiencias pone en tela de juicio el interés del Estado peruano por velar por la preservación del ambiente y el resguardo de sus vigilantes.

Por ejemplo: el caso de los líderes ambientales Edwin Chota Valera, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo Jorge Ríos Pérez de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto que fueron cruelmente torturados y asesinados el 2014, no solo reflejó el riesgo que corren nuestros defensores y defensoras, sino que exteriorizó lo inoperante de nuestro sistema de justicia considerando que en junio de 2013

En este año, Edwin Chota solicitó garantías personales (pedido de protección) ante el Ministerio Público. A ello sumamos que, en el 2008 los líderes de Saweto interpusieron una denuncia por el delito de tráfico ilegal de madera. Es decir, un aproximado de 13 años sin sancionar a los responsables por el delito de tala ilegal de madera y 7 años sin determinar a los responsables por sus muertes.

Es por ello por lo que, cada líder o lideresa ambiental debe estar protegida y el Estado debe reconocerlos como defensores de derechos humanos ambientales por ser vigilantes de nuestros territorios y conjuntamente velar por su integridad, así como prevenir actos de violencia. Al mismo tiempo, facilitar el acceso a la información y permitir que la participación pública tenga injerencia en la toma de decisiones en asuntos ambientales.

Enhorabuena, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante D.S. N° 004-2021-JUS, decretó la creación del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Tiene por finalidad la protección, el reconocimiento y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos para propiciar un entorno adecuado para la realización de sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Estamos seguros que los sectores vinculados en este mecanismo implementarán de manera eficaz las medidas brindando resguardo a aquellas personas que están defendiendo nuestros territorios y garantizando el acceso a la justicia a los familiares de los líderes y lideresas ambientales asesinados.

No obstante, el Acuerdo de Escazú sigue siendo estigmatizado por sectores empresariales y ciertas agrupaciones políticas con la proliferación de información tergiversada como la pérdida de la soberanía o lo irrelevante de su ratificación, porque ya tenemos dispositivos legales que contemplan los mecanismos establecidos en este acuerdo.

Por el contrario, solo evidenciando la realidad y persecución de nuestros defensores y defensoras ambientales, podemos afirmar que este acuerdo promueve la cooperación, intercambio y adopción de nuevos mecanismos entre países y garantizará la continuidad de la vigilancia de los defensores y defensoras para proteger nuestra Casa Común.