Eutanasia en el Perú: Por qué reabrir el debate sobre su despenalización

Por: Claudia Tolentino

Ana Estrada ha hecho historia. A los 12 años, le detectaron polimiositis, enfermedad grave, crónica y degenerativa que la mantiene postrada en cama hace dos décadas. Recientemente se publicó la sentencia emitida en el proceso de amparo que inició Ana solicitando que se reconozca su derecho a una muerte digna, a través de la eutanasia y que quienes participen del procedimiento médico para poner fin a su vida no sean procesados penalmente. El Juzgado constitucional a cargo amparó parte de su petitorio disponiendo, entre otros, que se respete su decisión de morir dignamente con un fármaco u otra intervención médica para tal fin y, para su caso en particular, se inaplique el artículo 112° del Código Penal, que regula el denominado “homicidio piadoso”, por lo que el personal médico que participe en el procedimiento de la eutanasia no podrá ser inculpado.

Sin duda alguna, el caso de Ana marca un antes y un después en nuestra historia. A raíz del pronunciamiento judicial hecho noticia en el Perú y en el extranjero, el debate sobre la disposición de la vida ha vuelto a abrirse, generando grandes discusiones entre posturas contrarias. Hay quienes están a favor de la autonomía, la libertad y la propia determinación de las personas sobre sus vidas, que en pleno uso de sus facultades y con decisión firme deciden terminar con su existencia física y, de otro lado, los que apuestan por preservar la vida, ante todo.

Pareciera que esta segunda opción tiene gran impronta religiosa, al considerar la vida como “sagrada”. Ya algunos autores, como Ronald Dworkin o Peter Singer, han señalado que quienes creen en la santidad de la vida humana, entienden que una vez que esta ha comenzado, no debe verse frustrada. Bajo dicha concepción, se trata de preservar la vida porque sí, por encima de la vida digna. Sin embargo, el debate no debería ser solo ético o religioso, sino también —y, sobre todo— político y jurídico. La eutanasia pone en juego, claramente, derechos fundamentales como la vida, dignidad y libertad personal, los que deberían gozar de la protección del Estado.

El caso de Ana Estrada abre la puerta al debate sobre si el homicidio piadoso debería seguir siendo penalizado. Atendiendo al principio de lesividad —contemplado en el título preliminar del Código Penal, según el cual la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley—, cabe cuestionarnos cuál es el bien jurídico al que se pretende dar tutela con el tipo penal del artículo 112 (homicidio piadoso).

Conforme a su ubicación sistemática, el bien jurídico que se intenta proteger con la penalización de este tipo de eutanasia es la vida de la persona que solicita que se le dé fin a su existencia. Sin embargo, debe considerarse que esta no se agota en el derecho a la existencia física, sino que se desarrolla en la dignidad de la persona y su bienestar íntegro. De esta manera, si una persona padece intolerables dolores producto de una enfermedad incurable, progresiva, degenerativa y/o terminal y pide que se le aplique la eutanasia, ¿es realmente la vida en ese estado el bien jurídico que debe protegerse?

¿Es admisible la supervivencia llena de sufrimientos incurables, impidiendo que se decida libremente las condiciones de su muerte? Al contrario de proteger realmente un bien jurídico, este tipo penal se enfrenta con otros bienes esenciales como la dignidad, la libertad y la propia autodeterminación.

Tomando como punto de partida el caso de Ana y de otros tantos que, como ella, padecen de enfermedades degenerativas o terminales y que, en pleno uso de sus facultades, y como parte del ejercicio de su derecho a la vida digna, la libertad y la autodeterminación deciden terminar con su existencia física, resulta imperativo que en un futuro no muy lejano se otorgue un adecuado tratamiento legal a la eutanasia. Esperemos que nuestros próximos legisladores consideren, por lo menos, debatir la posibilidad de su despenalización.