- La era Gareca y Oblitas: Los vacíos que dejan en la selección peruana - 25 de julio de 2022
- Los desastres y el covid: Los fenómenos que afectan al planeta - 22 de julio de 2022
- Crónica: Aníbal Torres y su día más largo - 9 de marzo de 2022
Más de un mes desde que ocurrió el derrame de petróleo en Ventanilla, calificado por Naciones Unidas como el peor desastre ecológico del Perú, la empresa española Repsol asumió la responsabilidad pero, increíblemente, aún no hay certeza sobre las medidas para limpiar la zona costera y subsanar la afectación social, económica y ambiental. Este accidente ambiental es otro golpe a la autoestima de un país.
En la última semana, los representantes de Repsol asistieron al congreso para comparecer ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Por tres horas respondieron las preguntas, facilitaron la documentación requerida y se comprometieron a devolver el litoral a su estado natural. A pesar de que se haya cumplido el plazo y la tolerancia sea cada vez menor, resulta difícil ser testigo de un desastre que aun vive en voz de los más afectados y una indignación incluso internacional. También llama la atención la falta de objetivos, las fechas para los planteamientos y acciones en la recuperación de la zona.
La respuesta de la población fue más rápida que cualquier ayuda oficial o de las autoridades. Existen 600 a 800 familias.
Alejandro Huaroto es un pescador y buzo de la ciudad de Pachacútec en Ventanilla. En una conversación con Pagina en Blanco, sostiene: “Más de un mes y no existe una conversación horizontal con los señores de Repsol. Solamente dieron un vale de S/500 soles a las familias pero desde ahí no hay ningún acuerdo. Más bien, esta empresa esta avocada a responsabilizar al buque de carga del petróleo y hasta ahorita nadie quiere hacerse responsable”.
Junto a cuatro compañeros, Alejandro recorre las playas para rescatar animales sobrevivientes al derrame. Él es uno de los que detuvieron su labor como pescador y ahora ayuda en la limpieza de la playa. “Seguimos con un plante de rescate con UPA (Unión por los animales) y con Red Marina, dos organizaciones que velan por la fauna. Los animales de la costa más afectados son las nutrias. No quedan muchos ejemplares y esta zona era un lugar de auge de las nutrias pero están muriendo por la contaminación del pescado, que es su alimento.”
Alejandro no espera nada de las autoridades. Tanto el, como todo el Perú, ha sido testigo de un enfrentamiento político que retardaba la acción en el litoral de Ventanilla. Menciona que, hace dos semanas, una comisión de la asociación de pescadores fue al Congreso y no los atendieron por priorizar el tema político de la vacancia.
Alejandro documenta su trabajo de rescate de animales en la zona de Ventanilla en su canal de Youtube: Pescaventura
Si bien, se vienen haciendo plantones y marchas contra Repsol, el panorama parece sombrío para los reclamos de los afectados por el desastre.
Soluciones que no se conocen
Después de una pálida primera respuesta, y un cambio de gabinete de por medio, el Ejecutivo tiene la urgencia de sancionar a la empresa Repsol y atender a la población afectada. Las asociaciones de pescadores y el sector económico que vive de la actividad marina, aún no han visto una solución a gran escala.
Repsol sinceró la cantidad derramada a 10,396 barriles y no 6 mil como anunció en un primer momento. También indicaron que a fines del mes de febrero como fecha estimada para la limpieza de playas y después mencionaron que sería sobre el final de marzo. Una improvisación mayúscula como para tratarse de una compañía internacional y con experiencia de estos accidentes en su historial.
Modesto Montoya, el nuevo ministro del Ambiente será el encargado de esclarecer en la oscuridad en una serie de sucesos inciertos. En declaraciones ante la prensa, Montoya aseguró que, en vista a que la empresa no cumplió con los plazos, se iniciará a un proceso sancionador de multas que puede llegar hasta los 304 millones de soles.
El apoyo internacional fue oportuno ya que misiones de la ONU han llegado al país para verificar la gravedad de los daños y tender una ayuda al Estado. No obstante, este accidente revela nuevamente un pasivo por la poca fiscalización ambiental en el Perú. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señaló que impuso una multa de 100 UIT (S/460,000) a Repsol. Por otro lado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGIM) pidió un inventario de combustibles a la empresa española. Ambas respuestas aún están pendientes mientras que miles de ciudadanos siguen viéndose afectados; un escenario en el que Repsol puede aprovecharse de una posición pasiva del Estado.