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El COVID-19 nos ha empujado a un ejercicio obligatorio de empatía con la realidad que viven día a día las personas con discapacidad en América Latina.

Hoy la mayoría de nosotros nos encontramos “encerrados” entre las cuatro paredes de nuestra casa para prevenir contagios, para cuidarnos de la pandemia. Hoy sentimos la frustración de no poder salir y disfrutar de todo aquello que siempre vivimos como “normal”. Desafortunadamente para las personas con discapacidad lo “normal” es no poder salir de sus casas. ¿Por qué? Porque los entornos no son accesibles, porque todo el tiempo se topan con barreras de infraestructura, comunicación y actitudinales. Al mismo tiempo, los contenidos en Internet tampoco son accesibles, lo que en tiempos de COVID-19 aumenta aún más la brecha de acceso y pleno goce de derechos fundamentales.

Crear entornos a los que se pueda llegar, entrar, recorrer, usar y salir es promover equidad.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en América Latina hay 85 millones de personas con discapacidad. Ellos sufren exclusión, invisibilidad, limitado acceso a oportunidades y al goce de sus derechos a causa de las múltiples barreras con las que se enfrentan todos los días.

En América Latina existen numerosas legislaciones que promueven la accesibilidad, las mismas están en línea con estándares internacionales, convenciones y tratados pero, desafortunadamente, no se aplican. Esto genera exclusión y vulnera los derechos fundamentales de este sector de la sociedad.

¿Qué es la accesibilidad?

La accesibilidad es la cualidad que genera la capacidad de disfrutar, comprender, usar, tomar, gozar, entender, visitar. Algo accesible para las personas con discapacidad debe brindar seguridad, confort, equidad y autonomía. La accesibilidad promueve el sentimiento de dignidad.

Aún hoy y a expensas de la gran cantidad de información disponible sobre la problemática, las personas con discapacidad se ven inmersas en un ciclo de invisibilidad que genera exclusión. Muchas personas con discapacidad no salen de sus casas porque “el mundo les es inaccesible”.

Un usuario de silla de ruedas no sale de su casa porque las aceras no están en condiciones óptimas para su desplazamiento seguro y autónomo. Los sistemas de transportes no cuentan con la accesibilidad necesaria. Pero vale aclarar que la accesibilidad es mucho más que una rampa. En el caso de infraestructura, para que un edificio sea accesible debe permitir a la persona entrar, circular, permanecer y salir. El concepto “circular” hace referencia a que los espacios deben contener las medidas necesarias para que la persona usuaria de silla de ruedas pueda maniobrar de manera cómoda y segura. El concepto “permanecer” implica que el edificio sea usable, que tenga, por ejemplo, un sanitario accesible.

Los espacios educativos no son inclusivos porque no están preparados para hacer los ajustes necesarios para la integración de las personas con discapacidad. La persona con discapacidad queda aislada, encerrada. Como no logra salir a la calle, su realidad no es socializada y el problema de la falta de accesibilidad no es tomado en cuenta como un problema social, no se los considera parte de la comunidad. Al no hacerse manifiesta la problemática, no tienen acceso a bienes y servicios y se reproduce la idea de que no hay cómo incluirlos en la sociedad. A pesar de constituir el 15% de la población nunca logran ser parte de la agenda de Gobierno como consecuencia de este ciclo de invisibilidad. Así el statu quo de marginación se perpetúa y sus consecuencias se profundizan.

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En el caso del acceso a contenidos en Internet tan utilizados por la mayoría de la población en estos días también constituye un espacio de exclusión. Las personas con discapacidad visual no pueden acceder a contenidos porque el 90% de los sitios no se diseñan bajo parámetros internacionales de accesibilidad. Una persona ciega no puede hacer compras online, utilizar plataformas de estudio o manjar una cuenta bancaria de manera autónoma.

Por ello, este ejercicio de empatía que genera la COVID-19 es en realidad una oportunidad. Debemos hacer ajustes necesarios: los gobiernos, porque los ciudadanos tienen derecho a “acceder” a oportunidades; las empresas, porque están perdiendo un 15% de potenciales clientes al desatender la necesidades particulares de las personas con discapacidad; y la comunidad, en general, para crear sociedad con más equidad.

(*) PÁGINA EN BLANCO promueve la diversidad. La opinión de los articulistas no es necesariamente compartida por el medio.

Autor: Lorena Julio

CEO y co-fundadora de Comparlante, plataforma online que ofrece productos y servicios para personas con discapacidad. Comunicadora Social por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y máster en Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México).