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Roberto Duran

El nuevo presidente interino Francisco Sagasti planteó, en su mensaje a la nación, que su gobierno interino tendría objetivos muy claros para llegar al cambio de mando en 2021: garantizar las elecciones, luchar contra la COVID-19 en el país, reactivar la economía, crear el plan Hambre Cero, reforzar la educación a distancia, continuar la tarea anticorrupción y combatir la inseguridad a la par dejar las bases de la reestructuración de la PNP. Enormes retos para un gobierno de solo 8 meses.

Enfoquémonos en la lucha contra la pandemia de COVID-19 que es, de facto, una política de estado y que, para julio de 2021, tres gobiernos habrán tenido a la COVID-19 como el punto número uno en su agenda.

Mientras que la segunda ola de contagios en Europa ocasionaba toques de queda y saturación de los sistemas sanitarios, el Ministerio de Salud, en el último día del gobierno Vizcarra, aprobó el Plan de preparación y respuesta ante la posible segunda ola pandémica de COVID-19 en el Perú. Dicho plan tiene ocho objetivos para los tres escenarios (leve, más probable y peor) de una potencial segunda ola de contagios en el Perú. El sistema de vigilancia epidemiológica del Minsa será quien determine cuando se activa el plan.

Si bien los contagios y los decesos en el Perú no son mayores a los 3000 casos nuevos y 100 fallecidos diarios desde finales de octubre, el riesgo de una segunda ola es real. Según estudios de seroprevalencia, en Iquitos el 70% de la población tendría anticuerpos a la COVID-19. Debe ser prioridad del gobierno retomar las campañas de comunicación para prevenir un repunte de contagios con posterioridad a las fiestas de fin de año.

Frente a la brevedad e impopularidad del gobierno Merino, el presidente Sagasti convocó a Pilar Mazzetti para que retome la cartera de salud, lo cual es un signo de que el actual gobierno busca recuperar la gobernabilidad en el sector y continuar lo que ya es una política de estado: el fortalecimiento del sistema de salud público con capacidad de respuesta y la preparación de condiciones para la vacunación masiva del país. El gobierno debe además tomar cartas en el asunto frente a los despidos en el Instituto de Evaluación de Técnologias en Salud e Investigación (IETSI) de Essalud.

En base a las declaraciones del viceministro Luis Suarez, el Perú tiene ya dos acuerdos vinculantes: uno con Covax Facility y otro con Pfizer, quien traería el primer lote de vacunas en el primer trimestre de 2021. A la par que la Comisión Multilateral, liderada por Cancillería, sigue negociando con otros laboratorios, el Congreso debe agilizar el trámite para la obtención del registro sanitario de las vacunas. Es deber del Ejecutivo y su bancada presionar dicha modificación antes que llegue el primer lote.

La utilización de la logística de ONPE para la organización de la vacunación es lo necesario, puesto que la única entidad capaz de movilizar al país es la ONPE. Mientras tanto el Minsa irá reforzando su cadena de frio y capacitando al personal médico para la vacunación de cara al 2021.

De cara a lo corto que durará el gobierno Sagasti, este debe enfocarse en lograr vacunar al personal médico de primera línea y, de ser posible, a la totalidad del grupo de comórbidos, así como dejar las siguientes campañas de vacunación listas para el siguiente gobierno en julio de 2021.

El presidente Sagasti debe enfocarse sus líneas de trabajo expuestas en el mensaje a la nación con margen de acción para eventuales crisis como el paro agrario, pero es inadmisible que, por impericia, sea el propio gobierno quien se ocasione una crisis que minen su propia permanencia como la crisis policial al pasar al retiro a toda la cúpula de generales de la PNP en vez de individualizar responsabilidades. No hay esfuerzos que perder.