El término ‘reforma tributaria’ es de aquellos que ha estado en forma recurrente en el vocabulario de las autoridades. Debemos recordar que la última verdadera reforma tributaria fue implementada a inicios de los 90, cuando en aras de una estabilidad macrofiscal ello era indispensable. En ese momento se aprendió que mayores gastos permanentes debían financiarse sanamente a través de mayores ingresos tributarios.
Transcurridos los primeros años del siglo XXI, episodios excepcionales de incremento del precio de materias primas que el Perú exporta (cobre, oro, plata) generaron no solo un mayor ritmo de crecimiento económico, sino también condiciones de superávit fiscal. Aunque se redujo la carga de la deuda externa hasta niveles incluso menores al 20% del PBI, en simultáneo la presión tributaria fue reduciéndose y los gastos corrientes se incrementaron. Al año 2016, ad portas del cambio de gobierno, teníamos un déficit fiscal superior al 3%, la presión tributaria equivalente a la de 15 años atrás, y nos enfrentábamos a la necesidad de impulsar reformas estructurales con énfasis en la inversión pública.
Lamentablemente, el Fenómeno El Niño y la convulsión de la corrupción del caso Lava Jato hizo perder de vista al Gobierno de la urgencia de redefinir las fuentes permanentes de recaudación tributaria. El 2019 terminamos con un grave estancamiento de la inversión pública y un reducido crecimiento del PBI de solo 2,1%.
El 2020 era el año de la recuperación de la inversión pública y de la confianza (empresarial y de los individuos) para promover la inversión y consumo privados. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 una vez más nos obliga a replantear las prioridades y en especial de la política fiscal, pues las medidas de contención se apoyan en la asignación de recursos fiscales para sostener la mejora en los servicios de salud, apoyar la tele educación, así como a las fuerzas policiales y fuerzas armadas para que puedan estar a la altura de la emergencia declarada.
Para esto, resultaba lógico relajar las reglas fiscales y recurrir a opciones de financiamiento que atendieran estas apremiantes demandas de recursos. No obstante, la caída de la actividad económica, al borde de una recesión, ha significado también la caída de la recaudación tributaria en casi 40%. El espacio fiscal que nos ha permitido destinar recursos fiscales para la crisis, se va reduciendo y se vuelve importante pensar en las formas de recuperar dicho espacio para la post-pandemia.
Aquí es donde se vuelve prioritario reconsiderar la necesidad de una verdadera reforma tributaria, pero es crítico plantear sus características. Un buen sistema tributario debe permitir los recursos fiscales permanentes suficientes para lograr un equilibrio fiscal sostenibles en el largo plazo. A esto se debe sumar que no perjudique o distorsione las decisiones productivas (sea eficiente), que permita una distribución justa de la carga (sea equitativo) y a su vez sea simple. A la fecha, el 80% de la recaudación tributaria proviene de alrededor de 1,000 contribuyentes y predominantemente del Impuesto General a las Ventas. (IGV). Por otro lado, el incumplimiento tributario del IGV es de 30% y del Impuesto a la Renta del 50%.
Los regímenes tributarios de las empresas están demasiado fragmentados, pues tenemos un NRUS así como un RER y MYPE tributario para los más pequeños y medianos, aparte de un régimen general. Además, el impuesto a la renta de las personas no es progresivo pues los de mayores ingresos soportan menor carga tributaria que el resto. Y si a esto le sumamos el 70% de empleo informal, nos enfrentamos a un sistema tributario que ha caducado y requiere un replanteamiento.
El replanteamiento debe darse con los siguientes objetivos: i) mejora de la productividad y competitividad, ii) impulso de la inversión privada y de las medianas empresas ahora inexistentes, iii) corrección de la inequidad en la tributación de las personas y iv) reevaluación de los regímenes tributarios especiales que acumulan un 2% de recursos dejados de recaudar. La crisis nos enfrenta a la oportunidad de consensuar un nuevo pacto fiscal alrededor de un nuevo sistema tributario que permita no solo recaudar más sino especialmente acompañar los esfuerzos de crecimiento hacia el desarrollo sostenido del país.
(*) PÁGINA EN BLANCO promueve la diversidad. La opinión de los articulistas no es necesariamente compartida por el medio.
 | Autor: Marcel Ramírez La Torre Director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Cuenta con 20 años de experiencia docente a nivel de pregrado y postgrado en el Reino Unido y en el Perú, así como facilitador en capacitaciones a entidades privadas y públicas. |
Fotografía: Andina.pe