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Por: Dewi Zamora Mendoza
A inicios del año 2020, los Estados iban tomando decisiones conforme se tenía más información sobre la COVID-19 y una de las primeras medidas preventivas adoptadas a fin de contener su propagación fue el confinamiento social obligatorio. Es justamente esta medida la que ha causado perjuicio en múltiples ámbitos, como el educativo. Según datos del UNICEF, las escuelas con más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año cerradas por completo debido a los confinamientos impuestos por la COVID-19. América Latina y el Caribe son las más afectadas con su cierre, pues 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia, viven en ella.
De acuerdo con la revista The Economist, pocos son los gobiernos que han sopesado los costos y riesgos de que los niños asistan presencialmente a las escuelas. Hasta la fecha se mantienen cerradas, en gran medida, causándoles un enorme daño a los niños y adolescentes que podría ser justificado si esta disposición fuera una medida comprobada que evite la propagación de infecciones letales entre los adultos.
En el Perú, el inicio del año escolar no fue sino hasta el 6 de abril bajo la modalidad a distancia, conforme a lo ordenado por el Ministerio de Educación en la Resolución Ministerial ° 160-2020-MINEDU, que dispuso el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a fin de continuar con la enseñanza a los/as estudiantes. Al respecto, según el sistema Alerta Escuela, que permite a los directivos de instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica a nivel nacional identificar a los y las estudiantes que necesitan mayor acompañamiento para evitar que abandonen el sistema educativo y les orienten con estrategias pedagógicas y de gestión concretas, el 3% de estudiantes interrumpió el servicio educativo y el 5% tiene una alta posibilidad de riesgo de abandonar sus estudios. Asimismo, de acuerdo con el Semáforo Escuela Remoto, herramienta que brinda información periódica sobre la entrega del servicio educativo a nivel nacional, el 10% de instituciones educativas públicas no habrían accedido a “Aprendo en casa” por ninguno de sus medios de transmisión.
Lo descrito tiene un gran impacto en el bienestar de los niños y niñas, y en su derecho humano a la educación, reconocido en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 26 señala que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria (…)”, resaltando su importancia para el pleno desarrollo de la personalidad humana. Además, guarda relación con el ODS 4, referido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Si bien los Gobiernos como el peruano actuaron con celeridad, es la divergencia de modalidades de enseñanza (países con clases presenciales, semipresenciales y virtuales) y los tipos de escuelas y acceso a este derecho a nivel nacional, lo que podría crear desigualdades a largo plazo y a nivel mundial. Por lo que se requiere, mientras se siga principalmente bajo la modalidad virtual, como en el caso peruano, adoptar medidas para que no existan barreras en el acceso a la educación y que esta, a su vez, sea inclusiva, considerando a las/os estudiantes con discapacidad. Se necesita, además, apoyo a los docentes para una constante capacitación en tecnologías de la información, entre otros.
Existen buenas prácticas a nivel internacional y nacional para todos estos aspectos que incluyen, asimismo, el modo y proceso de reapertura de las escuelas de manera segura. Por ejemplo, en el Perú, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el último trimestre del 2020, se registraron 35,901 estudiantes de zonas rurales, pertenecientes a 832 instituciones educativas, que volvieron a clases con algún grado de presencialidad, a fin de que los y las estudiantes pudieran acceder al sistema educativo, tomando en cuenta que en muchos casos no contaban con recursos o medios que les permitieran llevar una educación a distancia.
Los gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, entre otros actores, continúan sumando esfuerzos por los niños y las niñas a nivel mundial y, en el país, a vísperas de un nuevo gobierno, no debe dejarse de lado esta prioridad y que, al regresar a las escuelas, se considere las necesidades particulares de cada estudiante, con un acompañamiento personalizado que asegure, además, un servicio integral de salud física y mental, nutrición y recreo.