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Las declaraciones del excandidato presidencial Rafael López Aliaga arengando frente a una multitud la “muerte al comunismo”, la muerte a Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón son inaceptables y execrables. Digámoslo sin miramientos: Rafael López Aliaga ha incitado a un doble magnicidio.

Es inadmisible que un excandidato a la presidencia de la República – autoproclamado defensor de la vida y la familia – arengue la muerte de un potencial mandatario. No cabe justificación alguna tal como la personalidad “campechana” o “deschavetada” de López Aliaga. Este discurso o puede esconderse en un lenguaje “espontáneo”. Este debe ser detectado, señalado y condenado como cualquier apología al terror.

Se puede discrepar abiertamente con la candidatura o pensamiento político de Pedro Castillo, pero arengar libremente la muerte no es la muestra más honesta de una democracia y libertad en un país, especialmente, si nos encontremos en el proceso de elección presidencial, ni en ningún aspecto o contexto.

La eliminación física del rival es la distorsión de imponer un pensamiento político. México y Colombia han sufrido asesinatos de candidatos presidenciales: Luis Donaldo Colosio en 1994 y Luis Carlos Galán en 1989, respectivamente. A nivel subnacional, la política colombiana y mexicana ha tenido casos de asesinatos políticos a manos del narcotráfico y el terrorismo con una escalofriante cotidianeidad.

Mas allá de las consecuencias políticas y jurídicas de un magnicidio, existe el factor humano de quien pierde un familiar a manos de un terrorista, de izquierda o de derecha, estatal, paraestatal o subversivo, anónimo o confeso. Una de las figuras señaladas como objetivos, Vladimir Cerrón, ha sufrido las consecuencias de un asesinato político: su padre Jaime Cerrón fue torturado y asesinado cuando este fue vicerrector de la Universidad Nacional del Centro en 1990. Hasta el día de hoy, el caso recién está en etapa de juzgamiento.

El asesinato de un candidato a presidente es quebrar la voluntad popular, comparable con un fraude electoral o un golpe de estado. Es negarle a la gente ser gobernados por la opción que ellos mismos eligieron. Por ello, es deber de los peruanos salvaguardar nuestra lánguida y joven democracia de discursos de odio, vengan de donde vengan, puesto que la brutalidad y sevicia de la violencia política no deben volverse a repetir nunca más. A pesar de las discrepancias en las candidaturas debe primar en todo momento el respeto a la vida de las personas para la construcción de una sociedad digna.