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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene 15 días para investigar y elaborar los informes de las denuncias contra Pedro Chávarry y César Hinostroza.

En julio del 2018, la corrupción enquistada e institucionalizada que yacía en nuestro sistema de justicia salió a la luz. Este escándalo involucró tanto políticos como empresarios, a raíz de unas grabaciones conocidas como los “CNM audios”, cuya denominación se debió a que los jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eran los principales protagonistas. Los audios provenían de interceptaciones telefónicas legales dentro del marco de una investigación por crimen organizado, bautizada por la Fiscalía como ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Los involucrados tenían un trato coloquial y a veces fraternal entre ellos –los  famosos “hermanitos”–. Esta cúpula de poder trató al sistema de justicia como un trueque de favores. Entre las figuras más recordadas están el empresario Antonio Camayo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Benigno Ríos Montalvo y los exconsejeros del CNM Julio Gutiérrez, Guido César Águila, Iván Noguera y Orlando Velásquez Benites.

Muchos personajes formaron parte de esta insólita historia. De hecho, un informe presentado en mayo por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) señala que 334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183), están involucrados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional. Sin embargo, en este informe nos enfocaremos en los dos personajes que han acaparado más titulares por los casos en los que estuvieron envueltos: Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y César José Hinostroza Pariachi.

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Pedro Chávarry

Inicios del caso

Hacía un par de años atrás, Pedro Chávarry ocupaba el puesto de fiscal de la Nación, tars suceder al Pablo Sánchez. Sin embargo, su juramentación se vio opacada debido a que el portal periodístico IDL-Reporteros publicó días previos unos audios donde se escucha a Chávarry en una conversación que denota cercanía con el cuestionado ex juez supremo César Hinostroza, quien le pedía que le facilite la obtención de un documento con las resoluciones que ratifican los procesos en su contra por enriquecimiento ilícito como archivados. Esto era necesario para presentarlo ante la embajada de Estados Unidos y así obtener la visa sin inconvenientes.

“Me hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etc., ¿ya? Todo eso se archivó pues, incluso nuestro hermano, o sea José Antonio, en su momento, también dictó una resolución de archivo para la pericia financiera, etc.”.

(Extracto recuperado de la página de IDL-Reporteros)

Créditos: Andina.

A fines de 2018, Pedro Chávarry acaparó la atención mediática cuando anunció la exclusión de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial del caso Lava Jato. La decisión causó polémica e, incluso, generó el malestar de un sector de la ciudadanía, ya que ellos dos era conocidos por haber logrado la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht.

Los fiscales afectados manifestaron inmediatamente su preocupación por un potencial archivo de la investigación del caso Lava Jato o cualquier otro tipo de perjuicio. En enero de 2019, Chávarry cedió ante la presión ejercida por los manifestantes en las calles y renunció al cargo de fiscal de la Nación. Fue entonces cuando Zoraida Ávalos asumió como titular del Ministerio Público, y Domingo Pérez y Rafael Vela recuperaron los puestos de los que los habían destituido.

Antes de que Chávarry dimitiera, ocurrió un escándalo más: el deslacrado de las oficinas de la Fiscalía. José Domingo Pérez solicitó el lacrado de la oficina de Manuel Duarte, asesor del exfiscal de la Nación, en las instalaciones de la institución. Dentro de la habitación yacían documentos de suma importancia. Poco tiempo después, se hizo público un video de las cámaras de seguridad en el que se visibiliza al cuestionado funcionario irrumpir en la oficina de acceso restringido. La vulneración se realizó en compañía de policías y asesores.

Con base en este hecho, el 15 de mayo del 2019, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Pedro Chávarry. Ahí menciona delitos como encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

Se especulaba que había un vínculo entre Chávarry Vallejos y la bancada mayoritaria del disuelto Congreso (Fuerza Popular), debido a que, pese a las múltiples denuncias que este poder del Estado recibió contra el exfiscal de la Nación, casi todas habían sido archivadas. Esto ocurrió aun cuando varias denuncias hablaban de una conexión entre el polémico funcionario y la organización criminal Los cuellos blancos del puerto. Solo se aprobó una denuncia por el delito de encubrimiento real, en su modalidad de instigador, sancionado con una pena no mayor de 2 años.

Actualidad

El 14 de julio de 2020, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que se creó para reemplazar al disuelto CNM, dejó al voto el pedido de suspensión de Chávarry en sus funciones como fiscal supremo. Así lo declaró Aldo Vásquez, presidente de la JNJ. En esta fecha, el fiscal supremo Tomás Gálvez quedó suspendido.

Una semana después, la misma sanción recayó sobre Pedro Chávarry. El Pleno de la entidad judicial aprobó de manera unánime suspender por seis meses al procesado fiscal. Esto corresponde a un proceso disciplinario aún vigente por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.

Esta medida cautelar sirve para que el exfiscal de la Nación no obstaculice la investigación se le sigue. Ahora Chávarry queda impedido de ejercer atribuciones propias del cargo establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, con lo cual no podrá participar en los plenos de la Junta de Fiscales Supremos.

Créditos: Andina.

 

César Hinostroza

Inicios del caso

Los audios de IDL-Reporteros remecieron al Perú, y César Hinostroza es un personaje recurrente en ellos. Él se convirtió en presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en 2016. El audio que caló más en los medios fue aquel en el que negociaba la pena del violador de una menor de edad a cambio de algún posible beneficio para el ex juez supremo.

Los audios pusieron en aprietos a diversos políticos, entre ellos, congresistas, alcaldes e, incluso, un ministro: Salvador Heresi. En esa grabación se escucha al entonces titular de la cartera de Justicia (2018) tener una cordial conversación con Hinostroza acerca de un fallo que menoscababa la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. Heresi terminó por renunciar poco tiempo después de publicarse el audio.

Hinostroza Pariachi fue señalado como uno de los integrantes de la ya conocida organización criminal Los cuellos blancos del puerto. Asimismo, se le acusa de favorecer a narcotraficantes a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En adición, la difusión de otras conversaciones reveló la estrecha relación con representantes de varios partidos políticos.

De otro lado, el ex juez supremo no fue indiferente ante la euforia causada por el Mundial de Rusia 2018. Logró viajar con entradas conseguidas por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol de aquel entonces, Edwin Oviedo.

Por su parte, Antonio Camayo, empresario dueño de Iza Motors, fungía como intermediario entre Hinostroza y Oviedo. Este último, según los audios, realizaba un pago mensual al ex juez supremo por haberle ayudado en la investigación que lo vinculaba con la banda criminal Los wachiturros de Tumán.

El 7 de octubre de 2018, el cuestionado jurista fugó del país a pesar de que había un impedimento de salida en su contra. Escapó por la frontera con Ecuador, tras burlar los controles migratorios. Llegó a Ámsterdam a través de un vuelo que abordó en Guayaquil.

Créditos: Andina.

La huida de Hinostroza provocó la renuncia del ministro del Interior de la época, Mauro Medina. Este hecho ocurrió dos semanas después de que el Congreso (el que luego fue disuelto en setiembre de 2019) aprobara la destitución e inhabilitación por diez años del exjuez supremo, además de incluirlo en las investigaciones de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto. Parte de la responsabilidad se le atribuyó al Parlamento, dada la excesiva demora en la entrega del documento al Poder Judicial, con el cual se le daba potestad a un fiscal supremo para que lo investigue.

El 18 de octubre de 2018, el exmagistrado fue detenido en Madrid, España. En abril de 2019 fue liberado por las autoridades de aquel mismo país; no obstante, sigue el trámite de extradición en libertad condicional. La justicia española desestimó un pedido de prisión provisional contra César Hinostroza emitido por la Fiscalía del Perú.

Actualidad

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó en julio de este año una denuncia constitucional contra Hinostroza Pariachi por el delito de cohecho activo. La acusación fue derivada al Congreso. En su delación, la titular del Ministerio Público manifiesta que el ex juez supremo usó los poderes conferidos por su cargo para agilizar el trámite de un proceso judicial que le favorecía con el reintegro de sus remuneraciones homologadas. Estas ascendían a 1 millón 961 mil soles como parte de un presunto intercambio de favores.

César Hinostroza se pronunció al respecto:

“Es parte de la persecución política que inició el Estado peruano contra mi persona en el año 2018, lo que motivó mi pedido de asilo al Reino de España, y será puesto de conocimiento a los jueces españoles. Hay una utilización permanente del Estado peruano contra mi persona”.

Créditos: Andina.

El 27 de julio de 2020, la defensa del exmagistrado presentó cuatro recursos contra la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto en un intento por librarse de los cargos imputados. Pretendía escudarse ante el Poder Judicial con base en una supuesta falta cometida por la Fiscalía: que esta no describió los delitos de los que se le acusa.

En su resolución, el juez Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que las imputaciones referidas a los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias agravado, patrocinio ilegal y negociación incompatible ya han sido descritas en la investigación por parte del Ministerio Público.

En cuanto al juicio político, lo último que se ha conocido de estos casos, tanto de Chávarry como de Hinostroza, es que, el pasado 20 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de hasta 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones y elabore los informes de las denuncias contra ambos. Otros casos vinculados son los del suspendido fiscal Tomás Gálvez y del excongresista Héctor Becerril.

Créditos: Andina.

 


Texto: Santiago Zelada.

Edición: Jair Villacrez.