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Aunque existen mitos sobre los supuestos beneficios que recibe la comunidad venezolana por parte del Estado peruano, estudios y especialistas revelan que, en la práctica, a muchas de estas personas no se les reconoce sus derechos.
El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado, decretado por la ONU, en 2001, con el fin de reivindicar y visibilizar a esta población. A pesar de esos esfuerzos, estas personas parecen no ser lo suficientemente visibles cuando solicitan protección internacional. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de las cerca de 830 mil personas venezolanas que han llegado a Perú en los últimos años, más de 482 mil 500 han solicitado la condición de refugiado, pero solo 1225 han sido reconocidas como tal, es decir, apenas el 0.25% de solicitantes de asilo.
De acuerdo con ACNUR, Perú se ha convertido en el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional. Y es también el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial, solo por detrás de Colombia. Pese a ello, es el sexto país en otorgar esta condición, revelan las cifras de la Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, actualizadas a junio de 2020. Por encima están Brasil, España, Estados Unidos, México y Canadá, países que suelen responder con mayor celeridad estas solicitudes e, incluso, otorgar la condición de refugiado hasta a más del 50% de solicitantes.
En el caso de Perú, la mayoría de las personas venezolanas solicitan asilo porque no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a las demás opciones migratorias. De hecho, el 49.5% de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Perú manifiestan que el principal desafío para la regulación migratoria es que es un proceso muy costoso, según la última Encuesta de Opinión a Población Migrante Venezolana en Perú, publicada en junio de 2020 por Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE).
Teniendo en cuenta la grave crisis económica que viene atravesando Venezuela los últimos años, para los ciudadanos de ese país es bastante difícil poder pagar los trámites para acceder a otro tipo de estatus migratorio, como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Además, un 39.4% considera que la regularización es un proceso muy largo y un 13.3% no cuenta con los documentos solicitados por el Estado peruano, según el mismo estudio.
La diferencia entre «migrante» y «refugiado»
Aunque muchas veces los medios de comunicación emplean de manera indistinta ambos términos, lo cierto es que, en el derecho internacional, estas palabras no son sinónimos. La complejidad de la explicación genera cierta confusión en algunos. Sin embargo, la periodista venezolana radicada en Perú Mirelis Morales, lo explica de manera sencilla: «Un migrante es quien sale de su país en busca de mejores oportunidades laborales, de una mejor calidad de vida. En cambio, el refugiado es quien huye de su país, a causa de un conflicto armado o por razones de persecución política. Sale para resguardar su seguridad».
El mito de los «beneficios»
Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEH PUCP), asegura que, en Perú, existen muchas limitaciones para el acceder a la condición de refugiado. “Incluso, hay muchos mitos sobre las personas venezolanas. Se dice que ellos acceden fácilmente a la salud y al trabajo, pero no es verdad”, señala.
Blouin manifiesta que, en Perú, los sistemas de salud son muy fragmentados. «Las personas venezolanas que han accedido al SIS [Seguro Integral de Salud] son personas que pueden acceder al margen de su nacionalidad: las embarazadas, los menores de 5 años y las personas con enfermedades crónicas, pero no los demás», comenta.
De hecho, el estudio de Equilibrium revela que el 87.4% no está afiliado a ningún seguro de salud. Solo un 10% cuenta con un seguro de salud público, frente a un 0.7% que tiene uno privado.
Asimismo, Blouin indica que la norma que prohíbe a las empresas tener más de 20% de trabajadores extranjeros hace que muchas de estas personas venezolanas no puedan conseguir un trabajo formal, por lo que terminan por sumergirse en la informalidad. «El 90% de la población venezolana trabaja en la economía informal», remarca.
Para la abogada venezolana Paulina Facchin, secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro, otro de los mitos que se ha generado a causa de las fake news es que las personas venezolanas han recibido bonos durante el estado de emergencia. Sin embargo, aclara que no han sido incluidos en las políticas del Estado peruano. «Al contrario, ha sido una situación dolorosa para estas personas porque no han sido atendidas e, incluso, a muchos se ha dejado morir», señala.
Facchin dice que, pese a que muchos venezolanos tienen hijos peruanos, no han accedido a los beneficios estatales. «No los han incluido a pesar de ser familias integradas, binacionales», se lamenta. La investigadora del IDEH PUCP Cécile Blouin también aduce que, en cuanto a los bonos durante la pandemia, el Estado peruano ha dejado a la población venezolana en manos de la comunidad internacional. «Es verdad que se puede apoyar en la cooperación internacional, pero lo que no puede hacer es darle toda la responsabilidad. Los que están aquí, en mi territorio, son mi responsabilidad», agrega.
En cuanto a salud se refiere, Facchin también advierte que muchas de las personas venezolanas no han recibido atención del 113, el número habilitado por el Ministerio de Salud (Minsa) para asistir por casos de COVID-19, al punto de que varios miembros de una familia venezolana murieron sin recibir siquiera el diagnóstico. Comenta que le llama la atención que el Estado peruano solo haya habilitado inicialmente la atención por el 113 única y exclusivamente para personas que tuvieran DNI, por lo que muchos venezolanos no pudieron registrarse cuando inició el estado de emergencia. «Recién el día 21 de la cuarentena se corrigió eso», afirma.
«Pese a que muchos venezolanos tienen hijos peruanos, no han accedido a los beneficios estatales. No los han incluido a pesar de ser familias integradas, binacionales», Paulina Facchin, secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro.
La periodista Mirelis Morales resalta que, en esta situación de pandemia que se vive actualmente, apenas el 5% de los migrantes venezolanos cuentan con recursos económicos disponibles para acceder a productos de primera necesidad. Detalla que esta población también debe afrontar otros problemas como el hacinamiento, que supone un riesgo en esta época de distanciamiento social. Del mismo modo, enfatiza, hay un riesgo de desalojo de sus viviendas por falta de pago. «Eso ha obligado a algunos a tomar la decisión de retornar a Venezuela, incluso caminando», apunta.
Inclusive, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, declaró ante Convoca.pe que tenían un censo con 153 mil hogares en condiciones de vulnerabilidad y que existían 55 mil venezolanos que estaban en peligro de desalojo. Asimismo, hasta el momento, su equipo ha registrado cerca de 40 personas venezolanas fallecidas por COVID-19.
La informalidad
Los datos expresados por Blouin, del IDEH PUCP, respecto de la situación laboral de las personas venezolanas se pueden confirmar con los que arroja la encuesta de Equilibrium. El 86.7% de los encuestados precisa que no cuenta con un contrato de trabajo, con lo cual no acceden a ningún tipo de beneficio laboral, y un 89.3% no emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios. Asimismo, un 36.7% se desempeña en el comercio ambulatorio, la principal actividad económica de la población venezolana en Perú.
Esta situación resulta paradójica, considerando que un gran porcentaje de los migrantes y refugiados venezolanos cuentan con un alto nivel de instrucción. El 27.8% de ellos declara que tiene estudios universitarios completos, el porcentaje más alto de este estudio en cuanto a niveles de estudios alcanzados se refiere. Asimismo, hay un 16.3% que cuenta con estudios técnicos superiores y un 3.4% que ostenta un grado de maestría o posgrado.
Pese a contar con estos estudios, el 95.3% precisa que no ha podido convalidarlos a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y solo un 1% ha logrado hacerlo. De acuerdo con Equilibrium, el principal motivo por el que no han podido realizar este trámite es porque consideran que el proceso es muy costoso (44.6%). Los otros dos motivos son porque no poseen los documentos necesarios para hacerlo (29.3%) y porque no conocen el proceso (13%).
El estigma social
Según Facchin, de la ONG Haciendo Futuro, existe un claro problema de xenofobia en varias partes del país, pero especialmente en Lima y Callao. Cuenta que muchos de los beneficiarios a los que asiste han manifestado haber sido discriminados en los distritos donde viven, sobre todo en Ventanilla, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. «Los venezolanos iban a adquirir comida al mercado y no les vendían diciendo que solo era para peruanos. Eso ha generado que el venezolano perciba un sacudón, se siente como si no valiera nada. Mucha gente ha llegado a pensar que debe regresar a Venezuela», expresa.
Ese sentimiento de aversión hacia la comunidad venezolana también lo ha advertido Facchin, al notar que cada vez hay menos apoyo hacia esta población. En la ONG Haciendo Futuro se dedican a asistir, principalmente, a madres y niños venezolanos. En el caso de las primeras, buscan enseñarles cómo autosustentarse, mientras que, para los segundos, les brindan facilidades para acceder a la educación, como otorgándoles útiles escolares. De acuerdo con Facchin, el año pasado lograron atender a 400 niños con kits escolares; sin embargo, este año, apenas han podido atender a 150.
Asegura que esta disminución no se debe al efecto de la pandemia. «Este año disminuyó por la xenofobia. Incluso, antes de que llegara el coronavirus, mucha gente estaba con planes de volver a Venezuela porque su economía no ha estado muy bien en los últimos meses», indica.
Otra evidencia de este estigma social es la falta de acceso a oportunidades por su procedencia. Conforme a la Encuesta de Opinión a Población Migrante Venezolana en Perú, el 40.6% de esta población afirma haberse sentido discriminada por su nacionalidad al momento de buscar un empleo.
Esto ha afectado la confianza de esta comunidad de migrantes. Incluso, un 53.4% de las personas venezolanas afirma que sentiría miedo si tuvieran que acercarse a las autoridades en caso de necesitar asistencia médica por COVID-19. Asimismo, un 24.4% sentiría ansiedad o estrés si tuviera que enfrentarse a ese escenario.
Los derechos de los refugiados
Además de los motivos económicos que ya se explicaron anteriormente, las personas venezolanas buscan acceder a la condición de refugiados por una sencilla razón: el reconocimiento de sus derechos. Aunque de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951 (el estatuto de los refugiados), las personas tienen derechos por el simple hecho de ser personas y no por su condición o nacionalidad, para los ciudadanos venezolanos el tener un documento que avale su estatus migratorio hace que puedan sentirse tranquilos y que gozan de protección internacional en el lugar que se encuentran.
A diferencia de los demás estatus migratorios, la solicitud de refugiado no implica costo alguno y brinda derechos tanto para los ya considerados con la condición de refugiados propiamente dicha como para los solicitantes, es decir, aquellos que posean el documento provisional de trámite. De acuerdo con ACNUR, cualquier persona que haya pedido esta condición, ya sea que cuente con la resolución o que aún esté en proceso, tiene estos derechos: libre tránsito por el territorio peruano, no devolución ni expulsión a su país de origen, acceso a la educación y al trabajo, conforme a la ley del país de acogida. Asimismo, la condición de refugiado incluye otros derechos sociales: acceso a la salud, no discriminación, no violencia sexual y de género, y libre práctica de su propia religión.
«Apenas el 5% de los migrantes venezolanos cuentan con recursos económicos disponibles para acceder a productos de primera necesidad», Mirelis Morales, periodista venezolana.
Blouin señala que, en los últimos años, la sociedad peruana ha ido cambiando. Dice que, en Perú, antes había mayor apertura hacia los ciudadanos extranjeros, contrario a los que sucede ahora, que hay mucho rechazo, especialmente hacia la comunidad venezolana. «Ahora hay dificultades para acceso al trabajo. Lo que encontramos es que casi la mitad trabajaba de ambulante. Incluso, mucha gente que trabajaba se ha quedado sin empleo, y eso se va a agudizar para las personas venezolanas», precisa Blouin.
¿Cómo agilizar la capacidad de respuesta del Estado?
Como ya se ha dicho antes, Perú ha recibido, hasta el momento, más de 482 mil 500 solicitudes de refugio, pero solo 1225 han sido reconocidas. Blouin manifiesta que, en los últimos años, la capacidad de respuesta del Estado peruano se ha desbordado. Comenta que, en 2015, apenas había 432 solicitantes de asilo, cifra que se ha multiplicado por 1116 en solo cinco años.
Las solicitudes de refugio han aumentado de manera especial en los dos últimos años. Prueba de ello es el estudio del INEI, titulado Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú, publicado el 2018, donde se detalla que, hasta ese año, el porcentaje de refugiados era apenas del 2,1% y el de solicitantes de refugio era de 3%. El informe revelaba otros datos interesantes: el 50,2% era solicitante de Permiso Temporal de Permanencia (PTP); el 26,7% contaba con Permiso Temporal de Trabajo; el 4,1%, con visa de turista; el 4,0%, con carnet de extranjería, el 3,9%, con cédula de identidad, y el 3,2% eran irregulares.
La investigadora del IDEH PUCP, indica que, para que se pueda resolver las solicitudes de refugiados pendientes, al Estado peruano le tomaría cerca de 4 años, aproximadamente. En ese sentido, ofrece la alternativa de hacerlo de manera grupal. «En el derecho internacional, se puede resolver de manera grupal, lo que se conoce como prima facie, es decir, reconocer a un grupo de personas como refugiadas a priori. Por ejemplo, considerar refugiados a quienes entraron entre 2016 y 2018″, explica.
La definición amplia de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984) considera también como refugiados «a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público».
El principio del que habla la especialista en movilidad humana se usa para denominar en grupo de un estatuto de protección basado en las condiciones del país de origen. En el derecho internacional, se aplica cuando hay flujos masivos de población que huye de su país por causas políticas, guerras, enfrentamientos generalizados o persecuciones, lo cual requiere asistencia inmediata, y no hay tiempo para gestionar procedimientos individuales.
«Es verdad que [el Estado peruano] se puede apoyar en la cooperación internacional, pero lo que no puede hacer es darle toda la responsabilidad», Cécile Blouin, investigadora del IDEH PUCP.
Blouin apunta que, para estas personas, regresar a su territorio de origen puede suponer un riesgo para sus vidas, por temas de inseguridad o perturbación del orden público. «Un reconocimiento masivo haría que el sistema de refugio sepa responder», enfatiza.
La periodista Mirelis Morales indica que, a pesar de las buenas intenciones del Perú, no ha habido un completo reconocimiento del refugiado venezolano, pues el estatus de esta población es de ‘solicitante’. «Ello significa que se encuentran en un limbo, porque deben esperar la evaluación para saber si su petición ha sido aprobada o no. Antes de la pandemia, el proceso de solicitud de refugio podría demorar en promedio unos cuatro años. Había citas programadas para 2021 y 2022. Luego, esas solicitudes debían pasar por un proceso de evaluación que estaba tomando unos dos años más.En ese tiempo, los solicitantes de refugios se encuentran en una encrucijada, porque no tiene una condición migratoria reconocida, salvo una protección internacional que está en proceso», precisa.
Morales explica que esto implica, además, un problema en tanto que la condición de solicitante de refugio no es reconocida por todos los empleadores ni las instituciones. Esto dificulta el proceso de integración, al no poder sumarse a la fuerza laboral e incluirse en la dinámica social. «Hay que reconocer ese primer paso, que se convirtió en una vía de ingreso al país luego que se eliminó el PTP (Permiso Temporal de Permanencia). Pero falta que Perú cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, que reconoce a esta población como refugiado por las condiciones que los obligó a huir de Venezuela», asevera.
Por su lado, Facchin, de la ONG Haciendo Futuro, expresa que Perú no ha sabido aprovechar el beneficio de la migración. Considera que, en circunstancias como las que se vive ahora, el país necesita profesionales calificados que ayuden a enfrentar la crisis, como médicos, enfermeros, docentes, ingenieros, entre otros. Y varios de los migrantes venezolanos están calificados para desempeñar esas labores, según manifiesta. «Esto no le genera costo al Estado peruano, pero no hay ningún esfuerzo a nivel estatal», afirma. La abogada lamenta que Perú se haya cerrado al hecho de que «podamos ayudarnos como personas».
Datos
- En Perú, hay un total de 829, 677 refugiados y migrantes venezolanos.
- Según ACNUR, hay 670,798 permisos de residencia y de estancia regular concedidos.
- Hasta el 31 de diciembre de 2019, el país registraba 482,571 solicitudes de refugio.
Elaboración:
Texto: Jair Villacrez.