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En la actualidad, el Perú atraviesa por una crisis que nos tiene sumergidos en constante incertidumbre. Sin embargo, más allá de estos significativos problemas, hay un tema que se abre paso en la agenda política. Me refiero al ingreso libre a las universidades públicas, propuesto por el Poder Ejecutivo y secundado por algunos congresistas. Si bien esta cuestión se puso en la palestra por el propio Presidente, también se ha hecho notoria por los ya conocidos hechos en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Primero, conviene desarrollar nuestra perspectiva de análisis. Como ya es notorio, el objetivo de mis columnas en Página en blanco es transmitir, desde una mirada jurídica (y espero, sencilla), mi opinión acerca de determinadas cuestiones de actualidad. La columna de hoy no es la excepción. No busco conversar sobre la conveniencia pedagógica o no de emplear un examen o concurso para seleccionar a los nuevos estudiantes de una universidad pública. Esa es una discusión especializada. En realidad, la idea es poder transmitir algunas ideas sobre las razones jurídicas de la existencia de los exámenes de admisión en universidades públicas.
Para ello, es sumamente importante tener en claro que la universidad pública es una entidad del Estado. De todo lo que ello significa, quisiera detenerme en un aspecto. Las universidades públicas se financian con dinero público; es decir, anualmente se les asigna un presupuesto para financiar su funcionamiento, lo cual incluye los gastos que supone brindar el servicio a los estudiantes. Esto tiene como origen un mandato constitucional que el Estado debe garantizar el derecho de los estudiantes de universidades públicas a educarse gratuitamente. Sin embargo, esta gratuidad está limitada a una sola carrera y al rendimiento satisfactorio del estudiante, según lo dispone la actual Ley Universitaria N° 30220.
Entonces, ¿Por qué el examen de admisión? La respuesta más simple es que la ley así lo dispone. El artículo 98 de la Ley Universitaria señala que la admisión a la universidad se realiza mediante concurso público y previa definición de plazas. Ello incluye a universidades públicas y privadas. A propósito de esto, una de las justificaciones para sustentar la iniciativa libre de ingreso a las universidades públicas es la distinción que existiría, en cuanto al nivel de exigencia de los procesos de admisión, entre una universidad pública y una privada. Demostrar el error de esta premisa ayudará a seguir con el desarrollo del tema y no quedarnos con la respuesta más simple.
La educación pública se financia con recursos públicos. Eso significa que el Estado asume el costo del servicio de cada estudiante universitario. En buena cuenta, los estudiantes de una universidad pública se benefician del dinero público y, por así decirlo, tienen “asignado un presupuesto” en su favor. Sin embargo, esta distribución de los “recursos de todos” en favor de determinadas personas no debe realizarse de cualquier manera, sino que en esta labor deben mediar criterios de justicia (Hervada, 1999).
Estos criterios de justicia se materializan de distintas formas. Por ejemplo, en una primera etapa, la asignación del presupuesto para los nuevos estudiantes de universidades públicas de todo el país va a depender de factores como la población, el potencial número de postulantes, el número de docentes, la capacidad de la infraestructura, entre otros, que hagan esta distribución dineraria no solo eficiente sino también razonable. Siguiendo con el ejemplo, estas variables permitirán hacer una primera definición de las plazas disponibles para que cualquier persona pueda postular. A esto se refiere el artículo 98 de la Ley Universitaria cuando exige una “previa definición de plazas”.
Dicho esto, pienso que el examen o concurso de admisión también es la materialización de un criterio de justicia en la asignación de un beneficio que se paga con dinero público. A partir de ello, la ley ha establecido que el mecanismo para seleccionar a los postulantes aptos para beneficiarse de una plaza de estudiante universitario sea un concurso público. Aquí interviene un factor adicional: el mérito. Parafraseando a Silva (2017), hablar de concurso es hablar de mérito. Y, en este caso, para el acceso a la universidad pública resulta indispensable seleccionar los mejores postulantes, es decir, aquellos que demuestren mayores capacidades, a través de las preguntas del examen de admisión.
Lamentablemente, en ocasiones, los concursos de admisión se ven opacados por casos de corrupción. Son un espacio para evidenciar una realidad indiscutible: no todos los postulantes reciben igual calidad de educación básica y, en los resultados, se puede apreciar una clara distinción entre aquellos que pueden acceder al pago de una academia de preparación y los que no. Sin embargo, ninguna de estas dos causas puede sustentar una iniciativa de ingreso libre a universidades desde esta realidad. La iniciativa legislativa, en teoría, busca abordar un problema público, pero el concurso público de admisión no lo es. La cuestión es mayor y diversa.
Si bien en otros países esta medida es posible, corresponde partir de nuestra realidad. En los últimos años, el foco de la intervención estatal se ha centrado en la educación universitaria, dejando de lado la educación superior que bridan los institutos y escuelas. Estas instituciones también se encuentran en un proceso de reforma, algo poco abordado por la opinión pública, pero que necesita seguir desarrollándose con urgencia. No obstante, más allá de este tema, es innegable que existen muchos prejuicios infundados sobre la educación superior distinta a la universitaria. Ambas tienen el mismo nivel, pero se perciben como de distinto nivel, favoreciendo a la universitaria.
Lo anteriormente señalado tiene diversos efectos perjudiciales. En primer lugar, la desfiguración de la función de las universidades, los institutos y escuelas. De igual forma, ha generado que muchas personas, sin tener clara su vocación y aptitudes, prefieran ir a una universidad y no a un instituto o una escuela. El error en la percepción puede verse también en el mercado y las remuneraciones para cada profesional según su institución de egreso. El Estado no es la excepción. Desde hace muchos años se vienen introduciendo, legislativamente, los títulos “equivalentes a los universitarios” otorgados por institutos y escuelas, como si uno fuera de menor nivel que otro.
En suma, el libre ingreso a las universidades públicas no soluciona ningún problema de fondo; al contrario, incrementa la crisis que describo muy brevemente en el párrafo anterior, puesto que, sin mediar mayor reflexión, la universidad sería la primera opción de muchas personas al momento de seguir estudios superiores. Por tanto, una propuesta en este sentido no resiste mayor análisis y tiene mucho de populismo.
El concurso de admisión es una herramienta para garantizar el mérito en el acceso a una plaza cubierta con el dinero de todos. Es vital tener en cuenta que, si se quieren hacer reformas verdaderas, debemos buscar motivos verdaderos y no quedarnos en la superficie. Ya lo dijo Rubén Blades, no nos dejemos confundir, debemos buscar el fondo y su razón.