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“… se requiere que los derechos humanos sean eje de acción en el actuar público y que la persona, sin distinción alguna de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición; sea respetada por todos/as”.
Por: Dewi Zamora
Todos los 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. En 1948, diferentes naciones se unieron a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico proclama derechos universales, irrenunciables e inalienables para todos/as sin discriminación. Sin embargo, al concluir el 2021 y en el mes de la conmemoración, cuarenta y unas personas de nacionalidad venezolana iban a ser expulsadas en un acto liderado por el gobierno peruano actual. Todo estaba preparado para que este grave atropello de DD.HH. a través de una operación planificada meses atrás sea un “espectáculo”: el Ministerio del Interior no solo convocó a las cabezas de los distintos ministerios y a los medios de prensa, sino también al presidente de la República, Pedro Castillo.
Entre el 9 y 10 de diciembre del 2021, se llevó a cabo la Cumbre por la Democracia. Organizado por el gobierno de los Estados Unidos de América, el evento reunió a más de 100 presidentes y líderes de todo el mundo. Su agenda giró alrededor de tres temas: fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción y promoción del respeto de los derechos humanos.
Durante su participación, Pedro Castillo señaló la necesidad de transitar a una democracia efectiva que garantice, entre otros derechos, el trato digno, el mismo que no recibieron los migrantes venezolanos en el intento de su expulsión. Muchos de ellos -de acuerdo con el informe elaborado por El Comercio– intervenidos la noche anterior a fin de tener un número mayor: la relación inicial de 23 personas era insuficiente para concretar su salida.
No basta con que las políticas públicas tengan un enfoque basado en DD.HH. en documentos, o que se hable de estos en discursos para quedar bien ante una audiencia. En cambio, se requiere que sean eje de acción en el actuar público, de modo que cada individuo, sin distinción alguna de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición; sea respetado por todos/as. Es obligación del Estado el respeto a los DD.HH., el Perú ha ratificado diferentes tratados internacionales de protección de derechos humanos que establecen obligaciones de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Finalmente, y si las autoridades lo desconocen, la sociedad civil debe recordarles su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, sustentados en la dignidad humana. Así como todos/as tener siempre presente el derecho que tenemos a alzar nuestra voz a través de diferentes medios y plataformas, cuando hay acciones que los estarían vulnerando.