El coronavirus ha motivado que hoy salte a la luz pública nuestra deficiente infraestructura de salud. Hospitales que no están equipados, ventiladores mecánicos inoperativos, insuficiente cantidad de camas UCI, muy por debajo del promedio de la región. Nuestra insuficiente y pobre infraestructura en salud nos pasó factura e hizo que, a pesar de una rápida reacción del gobierno peruano, Perú sea uno de los países más afectados por el coronavirus. Y esto es en cierta forma paradójico, pues es reconocido a nivel internacional que el Perú tuvo un crecimiento económico sostenido durante muchos años, pero no invirtió en salud. Tan clara es esta dicotomía que lo ha reconocido abiertamente la ministra de economía y finanzas, María Antonieta Alva, cuando afirmó: “El Perú no puede estar entre los primeros en macroeconomía y los últimos en calidad de los servicios públicos”.
Frente a esta situación cabe preguntarnos: ¿existe algún mecanismo para mejorar de manera sostenible la calidad de los servicios públicos? ¿existe algún mecanismo para lograr ello especialmente en el sector salud?
Pues bien, la respuesta es que sí: las APP (Asociaciones Público Privadas). Para explicar en breve las enormes ventajas de este modelo usaremos un ejemplo básico. Si el Estado quiere construir un Hospital de Alta Complejidad podría hacerlo de la forma tradicional o como APP. Como APP, el diseño, construcción, operación y mantenimiento estaría a cargo de una empresa privada en un contrato de largo plazo. Bajo este mecanismo se podría contar con seguridad con un servicio de salud eficiente y satisfactorio para el usuario final (asumiendo que es una APP de “bata blanca”). En efecto, durante los 20 o 30 años que dure el contrato los usuarios podrían tener la seguridad de que al acudir al hospital los equipos médicos van a funcionar (por ejemplo un ecógrafo o la máquina de rayos x). También van a tener la seguridad de que se les va a entregar las medicinas que les recete el médico y de que contarán con un hospital limpio, que brinde un adecuado tratamiento a los residuos peligrosos.
Por el contrario, cuando se construye y opera un hospital de la forma tradicional, los resultados los podemos comprobar todos diariamente: equipos médicos que no funcionan porque se malograron y se debe seguir un trámite burocrático para repararlos o porque falta un reactivo o insumo; desabastecimiento en farmacia, lo que nos receta el médico de turno se tiene que comprar fuera; falta de limpieza y mantenimiento, baños sin jabón ni agua, etc. Podríamos abundar en los innumerables defectos que presentan los hospitales públicos y nos faltaría espacio.
Pero, ¿el que las APP en salud produzca un servicio de calidad es algo puramente teórico o se puede comprobar en la realidad? Sí se puede comprobar fácilmente en nuestra realidad: Essalud tiene dos hospitales diseñados, construidos y en operación bajo el sistema de las APP, uno en el Callao (Hospital Alberto Barton) y otro en Villa María del Triunfo (Hospital Guillermo Kaelin). La calidad del servicio en dichos nosocomios es infinitamente superior al resto de los hospitales públicos.
Entonces, si esto es así, ¿por qué no se desarrollan más proyectos en salud mediante APP? Las razones que frenan el desarrollo de las APP en Salud se pueden dividir en dos grupos. De un lado, existe una resistencia al cambio por parte del gremio médico, trabajadores de salud y funcionarios públicos del sector salud; siempre se oponen a las APP porque con ello pierden control, queda en evidencia la precariedad de la administración pública, pierden ventajas. Es de público conocimiento el reciente caso de los médicos que pidieron licencia con goce de haber en hospitales públicos pero siguieron atendiendo en clínicas privadas. De otro lado, está el marco legal e institucional de las APP. Dicho marco, en la práctica, hace enormemente difícil y complicado que una APP llegue a concretarse. Para muestra, tenemos los proyectos de los Hospitales de Piura y Chimbote, que fueron encargados por Essalud a Proinversión en 2013 y que hasta ahora siguen en evaluación. Han transcurrido más de 6 años y todavía faltan uno o dos años para que se adjudique el proyecto y dos o tres años para que se ejecute la obra, es decir, más de 10 años desde la concepción del proyecto hasta que se haga realidad (en un escenario optimista). Otro ejemplo: cuatro iniciativas privadas cofinanciadas (tres presentadas en 2014 y una, en 2015, para la construcción y operación de hospitales en Lima) todavía se encuentran en evaluación y difícilmente serán adjudicadas antes de dos o tres años más.
En resumen:
- Tenemos una pobre infraestructura de salud y un servicio de muy baja calidad.
- Está probado y comprobado a nivel nacional e internacional que, a través de las APP, se puede dotar de infraestructura adecuada y brindar un servicio de calidad en salud.
- Nuestro marco legal e institucional hace enormemente difícil el proceso para que se llegue a concretar una APP.
A esto le tenemos que agregar la reciente ley de suspensión de cobro de peajes aprobada por el Congreso. Esta ley sirve para ser utilizada de ejemplo de una ley inconstitucional en un aula de clases. Es una aberración jurídica que viola el artículo 62 de la Constitución; modifica unilateralmente los términos contractuales de los contratos de concesión vial y, además, por si fuera poco, establece arbitrariamente que no habrá lugar a compensación a pesar de que elimina la única fuente de ingresos para las concesiones viales autosostenibles. Esta ley agrava la situación, pues empeora la percepción del país y hará más difícil aun que se atraiga la inversión privada para el desarrollo de las APP. Casualmente, hoy día un inversionista extranjero me comentaba: “Con esta ley, imposible conseguir un financiamiento para este tipo de proyectos en el Perú”.
En conclusión, podríamos utilizar las APP no solo para reactivar la economía sino para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios en Salud, de manera sostenible en el largo plazo (obviamente también en otros sectores como educación, justicia, transporte, etc.). Sin embargo, estamos haciendo todo lo contrario, manteniendo un marco legal e institucional que dificulta las APP y encima de ello, tras cuernos palos, con un congreso populista que está deteriorando la poca o regular confianza de los inversionistas extranjeros para venir a invertir al Perú.
 | Autor: Pierre Nalvarte Salvatierra Socio del Estudio Rosselló Abogados. Profesor de posgrado en la Universidad ESAN. Es especialista en Asociaciones Público Privadas (APP), Iniciativas Privadas, Proyectos en Activos, Obras por Impuestos, Regulación y Promoción de la Inversión Privada en general. |