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Roberto Duran

Una demanda social antigua que este 2020 ha tomado más fuerza que nunca es la reforma de la Constitución. Las crisis constitucionales del último quinquenio, la crisis sanitaria por el Covid-19, las marchas contra el gobierno de Merino y el actuar del Tribunal Constitucional han puesto rápidamente a la C93 en el centro del debate político sobre la necesidad de reformarla o cambiarla. ¿Cuán necesaria es reformar o cambiar la constitución?

Momento constituyente

Para el constitucionalista Bruce Ackerman, el momento constituyente es un periodo de transformación, de cambios en los valores y percepciones mayoritarias que llevan al cambio y la reinterpretación de la ley fundamental. (Heiss Bendersky, 2016)

Si bien el origen espurio de la constitución, nacida como intento de legitimar el autogolpe de 1992, careció de momento constituyente (Acción Popular, APRA y el Movimiento Libertad no participaron en el CCD), esta constitución había sobrevivido políticamente debidamente a su capítulo económico. El último momento crítico de un potencial cambio constitucional había sido caída del Fujimorato y el posterior gobierno de transición con el informe de la Comisión Paniagua en 2001.

Veinte años después nos encontramos en una situación similar: caída de gobierno ilegitimo, protestas con muertos, heridos y desaparecidos, recesión, gobierno interino débil, sistema de partidos roto; además del agravante: la peor crisis sanitaria de nuestra historia con casi 37,000 muertos por coronavirus.

Pero este momento constituyente ha venido gestándose a través de la última década mediante eventos como las marchas contra la “Repartija” del TC, la “Ley Pulpín”, “No a Keiko” en 2016, el indulto a Fujimori, la de la destitución del Equipo Especial del MP, los CNM audios y la vacancia de PPK iban moldeando la animadversión hacía el actual modelo constitucional, sobreviviente a la implosión política del 2000. La precariedad absoluta (socio-económica y sanitaria) ante la pandemia, la irracionalidad del actual congreso, la vacancia de Vizcarra, la irrupción de Merino y el actuar timorato del Tribunal Constitucional (Caso Ugarteche e Incapacidad Moral) han sido los últimos clavos de este ataúd llamado Constitución de 1993.

La idea de un cambio de constitución es una bandera de la izquierda como pacto refundacional del país, que era rechazado por la derecha y por sectores de la ciudadanía que habían adoptado la apolítica como consecuencia del conflicto armado interno. No obstante, a la luz de una nueva generación, ahora el debate de un cambio o reforma constitucional es aceptado por sectores democráticos de derecha.

Si bien la crisis política chilena de 2019 ha sido un espejo en el que el Perú ha podido verse reflejado, las diferencias a nivel de sistema partidario, laboral, judicial, económico y sanitario atizan nuestra necesidad de reforma constitucional más allá del origen ilegitimo de la C93.

Si algo ha quedado claro en el último quinquenio es que hacer pequeñas modificaciones constitucionales cada crisis política no abona en favor de la subsistencia de la C93. En un foro juridico de la Universidad Externado de Colombia, el jurista Gorki Gonzales consideró que el Congreso debería abstenerse de hace más modificaciones constitucionales.

Que la palabra “cambio de constitución” no sea más un tabú en el diálogo nacional, como en el 2000 o 2011, es una consecuencia de la degradación constante del sistema político desde 1992, momento en el cual el sistema de partidos se quebró. El 2020 ha terminado de configurar un momento constituyente.

¿Qué es lo que tiene que cambiar en la Constitución?

Como premisa debe quedar claro que la asamblea o comisión no deba ser, en palabra de Heber Campos, una “convención entre iguales”. Es decir que no deber ser solo una reunión de abogados, sino que debe haber una inclusión política de sectores marginados como los pueblos originarios, sindicatos o federaciones de estudiantes. La generación de espacios de diálogo más allá de los partidos políticos otorgará legitimidad a la constitución, propiciando su durabilidad. Para Campos, el diálogo amplio entre constituyentes está por encima de los cambios específicos dentro de la Constitución, pero sin ser ajeno a ellos.

Otro punto de partida es que el capítulo económico no puede ser ajeno al debate constitucional. No se debe utilizar el capítulo económico como condicionante al poder constituyente ciudadano. Serán los constituyentes, bajo escrutinio público, quienes decidan qué modificar o qué mantener en la constitución.

Para Alexandra Molina, catedrática de la USMP, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo tienen problemas y deben ser estudiadas, la regulación la vacancia por incapacidad moral permanente, equiparar la vacancia presidencial con la prohibición de disolución del congreso en el último año de gobierno, que el congreso vote la renovación de los estados de excepción son ejemplos de reforma. Asi como que se constitucionalicen principios del Debido Procedimiento Administrativo y que se revise la desnaturalización del Principio de Subsidiariedad y de los Contratos-Ley. En la parte dogmática de la constitución, Molina propone que haya un derecho a la ciudad y al urbanismo, así como una proscripción de la desigualdad, sobre todo hacia poblaciones vulnerables, entre ellos, la comunidad LGTBI.

Según Ana Neyra, ex ministra de justicia y catedrática UP, la Constitución debe tener una progresividad en materia de derechos humanos y una regulación de los derechos sociales; sin embargo, esto no implica que todo este regulado en la ley fundamental “La constitución no debe ser un derecho de mínimos, puede haber desarrollo legal”.

¿Cómo conformar esta asamblea o comisión constituyente?    

Ante la ruptura entre los partidos políticos y la población, la pregunta es: ¿cómo y a quienes llamar a modificar la Constitución?

El artículo 206 de la C93 prevé su propia reforma. Siendo entre ellas la reforma parcial de la constitución propuesta por el Congreso de la Republica con votos aprobatorios de dos tercios de los 130 congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas o la iniciativa ciudadana de referéndum con las firmas comprobadas del 0.3% de población electoral.

Luciano López, en una entrevista con Sudaca, declaró que la iniciativa congresal de reforma parcial tiene miradas cortoplacistas y son llevados por los intereses de coyuntura. “(…) el próximo parlamento va a ser tan igual que este o el disuelto”.

López considera que el referéndum es la única posibilidad de hacer una reforma total con la C93. Que sea a través de la consulta ciudadana que la gente decida si quiere una Asamblea Constituyente o una comisión reformadora. López es partidario de la comisión reformadora. Gonzales, Campos y Neyra son partidarios de una Asamblea Constituyente.

Si en algo coinciden todos los abogados citados es que los partidos políticos tienen que formar parte del proceso constituyente. A pesar de la crisis de partidos, estos son los vehículos convencionales de representación ciudadana y lo que se busca es su mejoría. Sin embargo, la opción de crear listas ciudadanas para que independientes puedan ser elegidos como constituyentes es una opción necesaria, de acuerdo con varios de los anteriormente citados. Otro punto en común es que los congresistas en ejercicio no puedan ser constituyentes, como en Chile.

Juan Manuel Sosa, catedrático PUCP, propone que el sistema de elección de debería ser por tres franjas: 1) dos candidatos (hombre y mujer) de cada partido por distrito uninominal, 2) candidatos de asambleas nacionales e independientes, modelo chileno-boliviano; y 3) cuotas de minorías no representadas.   

Desde la renuncia de Merino de Lama, la candidata Veronika Mendoza proponía que se vote el referéndum el mismo día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en abril de 2021; Julio Guzmán, mostraba reticencia. Para Neyra debería haber un mínimo de 4 meses desde que se aprueba la convocatoria a referéndum hasta que se vota la misma, pero dentro del ya apretado calendario electoral es muy difícil organizar un referéndum a la par de las elecciones. “Una posibilidad sería las elecciones de 2022”, declaró en el mismo evento jurídico virtual colombiano.

Más allá de las posiciones jurídicas de los citados, el punto en común es que la Constitución de 1993 no puede quedarse igual a como está.