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Jair Villacrez

Aun cuando nacieron en territorio dominicano, el Estado les niega esa nacionalidad por tener ascendencia haitiana. Esto se dio luego de que, en 2013, un fallo judicial despojara de manera retroactiva la ciudadanía dominicana a miles de personas.

Cuando Kendry Paulina nació en 1998, a su madre, de origen haitiano, le entregaron el documento con el que se registraría a su hijo. Como ella no hablaba español, no entendía para qué servía el papel que le habían dado en aquel hospital dominicano. Al poco tiempo, la hoja se perdió, y ella nunca imaginó que eso afectaría a su hijo muchos años después. El documento no solo serviría para evidenciar el nacimiento de Kendry, sino también para darle una serie de derechos ciudadanos que ahora le son negados, pese a haber vivido desde siempre en República Dominicana. A sus 21 años, Kendry no tiene nacionalidad y tampoco se la quieren dar; no es reconocido como dominicano ni como haitiano. Su nombre no figura en las actas de nacimiento de ningún país. Es un apátrida.

Al menos 200 mil personas están en condición de apatridia en República Dominicana, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Al igual que a Kendry, a muchas de ellas se les niega la ciudadanía, aun cuando nacieron en territorio dominicano, solo por ser descendientes de haitianos. Esto se dio luego de que, en 2013, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) despojara de manera retroactiva la ciudadanía dominicana a miles de personas. La decisión provocó que, en julio de 2015, se diera una serie de deportaciones, así como la anulación de los derechos constitucionales de esta población. 

El problema del estatus legal de cientos de haitianos en República Dominicana se venía arrastrando desde el siglo pasado, cuando muchos de ellos migraron a ese país en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, con la sentencia judicial del 2013, se convertía de facto a todos en apátridas y se determinaba que, incluso, los hijos de progenitores extranjeros en situación irregular nacidos en territorio dominicano nunca habían tenido derecho a la nacionalidad. Esta medida afectaba a todos los nacidos entre 1929 y 2010, quienes, además de perder sus derechos constitucionales en ese país, tampoco tenían acceso automático a la nacionalidad haitiana.

Según Skye Wheeler, investigadora sobre derechos de la mujer en contextos de emergencia de Human Rights Watch, a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños les anulan la ciudadanía antes de ser deportados hacia Haití. “Se les ha privado del derecho a la asistencia que tanto necesitan. Ni el Gobierno haitiano ni el dominicano están haciendo esfuerzos para ayudar a estas personas indocumentadas vulnerables”, indica.

El Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, publicado en diciembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta que este proceso de desnacionalización se inició con la práctica de los funcionarios del Registro Civil, quienes negaban el registro a los hijos de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana. Esto se ha ido expandiendo y consolidando de forma gradual por medio de la adopción de normas y decisiones judiciales de los demás poderes del Estado dominicano, según el documento.

Créditos: CIDH.

De hecho, Kendry cuenta que, a lo largo de su vida, siempre se ha sentido discriminado por el hecho de ser descendiente de haitianos. “Siempre hay una excepción, una diferencia. Te tratan de una manera diferente. Algunas personas te ven como tal, pero otras te ven como una persona inferior a ellas. Te hacen ver como que eres menos”, se lamenta.

Sus padres son migrantes haitianos. En su país natal, vivían en unos campos de café, pero debido a la crítica situación, se vieron forzados a salir hacia República Dominicana en 1995. Ninguno de los dos hablaba español, por lo que, durante su infancia y parte de su niñez, Kendry fue criado en créole (criollo haitiano), uno de los idiomas oficiales de Haití, junto al francés. Recién aprendió a hablar castellano a los 7 años, cuando fue por primera vez a la escuela en el pueblo donde vivía –y vive hasta ahora–, Bombita, en la provincia de Barahona, al suroeste de República Dominicana. El colegio al que fue y donde pudo terminar su educación primaria no era del Gobierno, sino de una organización inglesa. La directora de la institución educativa fue flexible con la admisión de Kendry y otros niños que tampoco contaban con acta de nacimiento.

Luego de eso, como Kendry no tenía documentos del propio país en el que había nacido, a sus padres les resultaba difícil encontrar una escuela secundaria que lo admitiera. Afortunadamente, una amiga de la familia, cuyo esposo trabajaba en un colegio, le ayudó a ingresar a un centro de estudios secundarios, donde pudo concluir su formación escolar. Al finalizar, recibió un certificado con el cual pudo inscribirse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en Barahona, donde sigue la carrera de Informática.

La ley que buscaba reivindicar la decisión del TC

Tras los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida como la ley 168-13, el gobierno de Danilo Medina, quien hasta ahora es presidente de la República Dominicana, impulsó la ley 169-14 con el fin de reconsiderar la ciudadanía a varias personas en condición de apatridia. Esta norma, que fue aprobada de manera unánime por el Congreso y que entró en vigencia el 23 de mayo de 2014, hizo que se dividiera a esta población en dos grupos: A y B.

En el caso del grupo A, la norma establecía la validación de las actas de nacimiento y la restitución de la nacionalidad para las personas nacidas en el territorio dominicano entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, siempre que los nacimientos hubiesen sido registrados. En cuanto al grupo B, se estableció un procedimiento especial de registro en los libros de nacimientos de extranjeros para quienes nacieron en territorio dominicano y que nunca fueron puestos en el Registro Civil de ese país. A este último grupo se le permitiría, supuestamente, aplicar a la regularización de su situación como migrantes y, después de dos años, podrían optar por la nacionalidad dominicana mediante un procedimiento regular de naturalización.

No obstante, los límites de la ley no permitía incluir a las personas nacidas entre el 18 de abril de 2007 y 26 de enero 2010. Ellas no fueron consideradas dentro del ámbito de aplicación de lo antes mencionado. 

Créditos: Reuters.

Una solución parcial

Para Beneco Enecia, director del Centro de Desarrollo Sostenible, una ONG dedicada a trabajar temas de apatridia, los efectos de la ley 169-14 no han sido los esperados. “A pesar de que se consensuó, la ley hace una discriminación entre personas nacidas en el país que están en el Registro Civil dominicano y aquellas que no lo están”, señala.

Enecia, quien también es director de la plataforma Dominicanos por Derecho, que agrupa a todas las ONG y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de apatridia, explica que él se encontraba en el grupo A, personas cuya restitución de la nacionalidad era automática. A pesar de que sus abuelos carecían de documentación para registrar a sus hijos, él sí fue puesto en el Registro Civil, lo que le permitió tener su cédula de identidad como dominicano, documento con el que pudo ejercer como alcalde del Distrito Municipal Batey 8, en la Provincia Independencia. “Tenía mi cédula de identidad. Incluso, llegué a ser una autoridad local electa y pude ejercer, durante cuatro años, mis funciones. Mediante esa ley, había cierta garantía de mi nacionalidad dominicana y mi ciudadanía, pero no fue así con mis familiares”, cuenta. 

Para Enecia, la Junta Central Electoral de República Dominicana (JCE), institución encargada de reconocer la ciudadanía de las personas, “hizo, antojadizamente, una división discrecional”. Asegura que, en el caso del grupo B, quienes tenían que hacer un proceso de solicitud de naturalización, de las más de 61 mil personas que debían recuperar su nacionalidad, menos del 30% había hecho efectivo ese trámite. “Solamente 8755 personas tuvieron la oportunidad de solicitarlo, en un plazo de 90 días, hasta el 1 de febrero de 2015, que era la fecha límite. Hoy, estamos julio de 2020, y 0 personas han adquirido la nacionalidad”, manifiesta.

Beneco Enecia, director de Dominicanos por Derecho, junto a Ana María Belique, de la misma organización.

De acuerdo con el informe Sin papeles no soy nadie: personas apátridas en la República Dominicana, publicado en noviembre de 2015 por Amnistía Internacional, entre las razones por las que muchas de las personas pertenecientes al grupo B no se habían inscrito en el Plan de Naturalización estaban las siguientes: desconocimiento del proceso, falta de recursos económicos para solicitar los documentos requeridos, la imposibilidad para inscribirse dentro del plazo y la falta de facilidades para acceder a los documentos de identidad de sus progenitores. En cuanto a este último requisito, fue anulado oficialmente 10 días después, pero la mayoría de las oficinas que tramitaban las solicitudes continuaron aplicándolo, según el estudio.

Ahora bien, una categoría que no incluye la ley 169-14 es la de las personas, en su mayoría de ascendencia haitiana, nacida en República Dominicana antes de la creación del Libro de Extranjería en 2007 y cuyos nacimientos fueron registrados después de esa fecha. Amnistía Internacional revela lo siguiente: “Cuando estas personas consiguieron por fin reunir todos los documentos necesarios para registrarse, la JCE los inscribió en el Libro de Extranjería, en lugar de hacerlo en el Registro Civil dominicano, aplicando con carácter retroactivo la Ley sobre Migración de 2004”.

Kendry Paulina, el joven de quien se habló al inicio, explica que, en 2014, cuando supuestamente la JCE reconocería la nacionalidad dominicana de los considerados extranjeros, no se le permitió registrarse como natural de ese país. “La Junta nunca quiso darnos la oportunidad de ser declarados, y toda mi niñez y parte de mi juventud he estado sin ningún tipo de identificación”, expresa. 

En la actualidad, Kendry cuenta con una cédula de identidad en la cual su nacionalidad figura como haitiano, a pesar de ser dominicano de nacimiento. Curiosamente, en ese documento, se indica que su lugar de nacimiento es el municipio Vicente Noble, en la provincia de Barahona, República Dominicana. Esa cédula debe ser renovada cada año, pues, de no hacerlo, se arriesga a pagar una multa de 500 pesos dominicanos (9 dólares americanos, aproximadamente) por cada mes que transcurra a partir de la fecha indicada. Para el Estado dominicano, Kendry es haitiano, aunque legalmente tampoco tiene esta nacionalidad.

Kendry Paulina, de 21 años, no es considerado ciudadano dominicano, a pesar de haber nacido en ese país.

Marginación y segregación

El problema entre Haití y República Dominicana tiene un origen histórico: en 1822, Haití invadió el territorio dominicano. La ocupación duró 22 años, hasta 1844.  Posteriormente, en 1900, se dio la denominada “invasión pacífica”, mediante la cual diversos ciudadanos haitianos migraron al otro lado de la isla La Española para trabajar en la industria azucarera. Este período duró hasta 1980. Ambos hechos tienen todavía un fuerte impacto en el imaginario colectivo dominicano, de acuerdo con el informe de la CIDH. 

Beneco Enecia, de Dominicanos por Derecho, expresa que en la sociedad dominicana existe una clara discriminación hacia la población haitiana, pero además hay políticas restrictivas que el Estado ha puesto para que no se pueda adquirir la nacionalidad. Señala que, desde el momento mismo del nacimiento, los hijos de migrantes son tratados diferentes. “Muchos de esos niños nacieron en hospitales dominicanos, y los registraron como ‘hijos de madre extranjera en situación irregular’. Los ponen en el libro rosado, un libro de nacimiento distinto al ordinario. Se limita las posibilidades de que los padres puedan hacer ese registro fácil. Además, la declaración de registro civil no tiene necesariamente un valor jurídico”, detalla. 

Créditos: CIDH.

Enecia precisa que a esta población también se le limitan otros derechos, como el acceder a un trabajo digno. “Es imposible. Como no tiene documento, no puede ser registrado en la seguridad social. Solo puede conseguir un trabajo de casa o por algún familiar. Esa gente se ve obligada al sector informal o el sector agrícola. También es una forma de garantizar la mano de obra barata”, asegura. En cuanto a la salud, indica que a los extranjeros se les brinda atención como “asistencia humanitaria”; aunque pueda haber actitudes discriminatorias, la atención no se les puede negar. «Y vamos a dejar de lado los derechos políticos, eso es un sueño», agrega.

Respecto de los estudios, explica que si una persona no cuenta con cédula no puede ingresar a la universidad o algún centro de estudios superiores, como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). “Mucha gente cree que no tiene ese derecho”, agrega.

Kendry Paulina coincide en que el principal problema es racial y de procedencia. Él cree que el país está dividido en tres: los nacionales dominicanos con ascendencia dominicana, los migrantes de origen haitiano y los hijos de migrantes nacidos en territorio dominicano. Explica que solo las personas de este último grupo suelen interactuar con los dominicanos, algunos de los cuales no se “mezclan” con los otros por sus tendencias nacionalistas. Su madre, cuenta, es ama de casa y no tiene participación en la sociedad. Aunque entiende español, no lo habla con fluidez; y ocurre lo mismo con su padre.

Considera que el problema no solo es la documentación, sino también a nivel social. “Hay segregación, sí, porque los más marginados son los nacionales haitianos y luego nosotros, sus hijos. Aunque nos entreguen nuestro documento normal y nos den el derecho a ser reconocidos, la sociedad nunca nos va a aceptar”, dice con resignación. 

Sin identidad

Kendry comenta que a él muchas veces le dicen “moreno”, una palabra que utilizan los dominicanos para referirse a las personas de origen haitiano o de ascendencia haitiana, aun cuando quien la utilice pueda ser de piel más oscura que la suya. Dice que no le molesta que le digan eso porque entiende que hay un problema en la sociedad. Sin embargo, sí cree que para muchas otras personas es incómodo, porque la perciben con una connotación negativa, despectiva. Cree que también hay un tema de falta de aceptación: “La gente se siente ofendida, discriminada, es un tema de autoestima”.

Cuenta que, en enero de este año, fue a Haití por primera vez, acompañado de su padre. Siempre había querido conocer el país de sus ancestros, le hacía ilusión, y su padre quería volver a ver su tierra, a la cual no regresaba desde que salió. Cuando estaban cruzando la frontera hacia Haití, los detuvo un guardia. Intentó aprovecharse de ellos pidiéndoles dinero para pasar, porque pensaban que eran haitianos retornando a su país. Después de algunos días de visita, regresaron a República Dominicana, en cuya frontera los trataron como migrantes haitianos. “Para volver fue un lío porque mi papá no tenía documentos de dominicano. Tuve que pagar 400 pesos, porque no quise hacer problema”, dice.

Kendry comenta que el poco tiempo que estuvo del otro lado de la isla La Española, sus primos y tíos lo trataban diferente. “Allá me decían dominicano, pero aquí me dicen lo contrario. Es algo inexplicable. Yo ni asunto le he hecho, no dejo que eso agobie mi espíritu”, asegura.

No descarta la posibilidad de ir a vivir a Haití alguna vez, si su vida corriera peligro. Aunque dice que allá también viviría como extranjero, ya que tampoco lo reconocerían como haitiano. “Yo amo el pueblo donde vivo. Si Dios me permite prosperar, quisiera que fuera aquí”. Dice que tanto él como todos aquellos a los que se les niega la nacionalidad dominicana solo quieren ser reconocidos como personas, pues sienten que muchas veces los tratan como si no lo fueran. Kendry seguirá esperando ese día; por ahora, no hay nada más que pueda hacer.

 

Datos:

  • La población de origen haitiano y de ascendencia haitiana no ha sido considerada, hasta el momento, en el censo nacional de la República Dominicana, por lo que Beneco Enecia, de Dominicanos por Derecho, pide que sean incluidos en el próximo censo.
  • Hasta el 3 de noviembre de 2016, casi 150.000 migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana habían ingresado a Haití desde mediados de 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Créditos: Amnistía Internacional.